La Generalitat alimenta el empleo público. Lo hace en cantidad, 1.230 plazas saldrán a concurso, como incluso en calidad, ya que se permite la creación de un nuevo cargo, llamado directivo público, que cuenta con atribuciones políticas. No es casual que el president Mas acabe ahora con el periodo de cuatro años sin convocatorias.
La medida se toma en una autonomía que aún se permite no embridar su déficit público y requiere del crédito del Estado para seguir a flote. Constituye, por tanto, una amenaza a la sostenibilidad financiera de la Generalitat, al tiempo que implica también un nuevo desafío a Hacienda. Pero, sobre todo, se revela como una descarada ofensiva electoralista para conseguir votos con cargo al erario público.
