El Gobierno está dispuesto a hacer un gesto a Cataluña mediante la ampliación del tope de su déficit (más los propios de Valencia y Murcia) en 2016. La manera en que Hacienda mueve ficha está influida por la cercanía de las elecciones del 27-S, en cuya precampaña los partidarios de la secesión enarbolan el argumento de que Cataluña sufre una exigencia financiera injusta por parte del Estado. El presidente Rajoy hace lo adecuado respondiendo con un acercamiento que evite el frentismo que a todos perjudica.
Además, resulta innegable que los argumentos provenientes de Cataluña cuentan con base. Lo demuestran las balanzas fiscales de 2012 (la estadística que desglosa cuánto aporta cada autonomía en pago de impuestos y cuánto recibe en forma de inversiones). Después de Madrid (influida por el efecto capitalidad), Cataluña es la región que arroja el segundo déficit más alto: 7.500 millones.
Más allá de la cifra, cabe preguntarse también por la razón de ser de ese esfuerzo. En teoría, el déficit catalán (como el valenciano o el balear) es el precio de la solidaridad con las autonomías más pobres, para que éstas se desarrollen. Pero territorios como Andalucía o Extremadura, pese a ser receptoras netas (8.531 y 2.655 millones anuales), continúan a la cola de la UE en renta per cápita o empleo tras más de 30 años de vigencia del sistema.
Las reglas de este último requieren de una revisión profunda. Urge seguir asegurando la solidaridad interregional, en lo que respecta a la prestación de servicios básicos, pero cumplido ese objetivo, la concesión de remanentes para fomentar el desarrollo debe hacerse bajo estricto compromiso de que se destinarán a ese fin, y no a engrosar el gasto improductivo como hasta ahora.
