Las pensiones desempeñan un papel fundamental en el "giro social" que el Gobierno quiere imprimir a su acción política, con el afán de recuperar apoyo electoral para las elecciones generales de noviembre. El Ejecutivo ya lo demostró a las puertas de los últimos comicios autonómicos y municipales, cuando anunció una subida de la retribución que recibirán las mujeres trabajadoras, con dos o más hijos, cuando se jubilen.
Sin embargo, la medida más ambiciosa que baraja el Gobierno estriba en rebasar sustancialmente la elevación que las pensiones experimentaron este año (0,25 por ciento) hasta llegar al 1% en 2016. El porcentaje de incremento no está todavía decidido (lo mismo ocurre con la cuantía en la que se verá elevado el salario mínimo); no obstante, más allá de las cifras concretas, lo realmente preocupante es el hecho de que los intereses electorales del Ejecutivo lo conducen a desdeñar avisos como el lanzado, esta misma semana, por el gobernador del Banco de España.
Luis María Linde avisó de que el sistema público de pensiones "no puede actualmente garantizar el nivel de pensiones que esperan los españoles". El propio Cristóbal Montoro quiso rebatir ayer al supervisor, asegurando que el Estado sí ofrece garantías, minusvalorando así el déficit que arrastra la Seguridad Social y que ha obligado a recurrir al Fondo de Reserva durante toda la legislatura.
Es discutible que la actual generación de empleo pueda compensar el ritmo del 3% mensual al que está creciendo este tipo de prestaciones, alimentado por factores estructurales, como la caída de la natalidad y el envejecimiento de la población. Los planes electoralistas del Gobierno suponen un desafío añadido a un sistema que ya se encuentra en apuros.
