Por séptimo año consecutivo, elEconomista patrocina la publicación en España del informe Libertad económica en el mundo, coeditado por los institutos Fraser y Cato. El documento, en el que se calibran las condiciones para emprender y desarrollar sociedades en 152 Estados, demuestra hasta qué punto el clima empresarial se deterioró en nuestro país. España vuelve a aprobar y logra una nota de 7,26 puntos, sobre 10, pero baja 22 puestos para situarse en el número 52 de la clasificación global.
Resultaría injusto cargar al actual Gobierno con la culpa del retroceso, pues las cifras se refieren a 2012, el primero de la legislatura. Entonces, como subrayó el académico de Cato, Lorenzo Bernaldo de Quirós, sólo estaban iniciadas reformas clave, como la laboral o la de unidad de mercado, cuyos efectos no podían ser inmediatos.
Sin embargo, pecaría de ingenuo quien diera por hecha una mejora capaz de situar a España, en posteriores ediciones, entre los 20 países económicamente más libres. No en vano nuestro país sigue aprobando por poco en apartados como tamaño del Estado. La decepcionante reforma de las Administraciones no permite esperar grandes avances a este respecto.
En paralelo, problemas ya existentes se han exacerbado como el exceso de regulación jurídica, según señaló el presidente de la CEOE, Juan Rosell, para quien éste sí es un problema real, muy por encima de los cambios políticos en las Alcaldías. Sólo la continuidad de las reformas, como han vuelto a subrayar recientemente el Banco de España y el FMI, garantizaría un aumento de la libertad económica. Ese requisito, sin embargo, está en el aire ante la actual parálisis del Ejecutivo y el incierto resultado de las elecciones de noviembre.