El Gobierno puso toda la carne en el asador en el Consejo de Ministros de la semana pasada, con el objetivo de intentar mejorar sus maltrechas perspectivas electorales, ante los comicios de este domingo. Especial repercusión tuvo la descarada búsqueda de apoyos entre las madres trabajadoras, a las que prometió un aumento de su pensión, de hasta un 15%, para las que se jubilen a partir de 2016.
Pero existe otro colectivo hacia el que el Ejecutivo orientó su acción: los afectados por la comercialización de participaciones preferentes y de deuda subordinada. El Gobierno reconoce a estos ciudadanos el derecho a recuperar lo que tributaron por esos productos en su declaración de IRPF, una vez que han obtenido una sentencia judicial que declara nulos los contratos que los vinculaban con tan infaustos activos. A ese efecto, se ha habilitado de forma inmediata un formulario en la página de Internet de la Agencia Tributaria.
Las prisas han dominado el proceso hasta un extremo inaudito; sólo el afán por tener lista esta disposición antes del 24-M (con efectos sobre la declaración de la renta de 2014) explica que, el pasado jueves, se le buscara encaje en un Decreto-ley ajeno a las cuestiones fiscales, como es el destinado a modificar la Ley del cine. Igualmente llamativa es la amplitud de la medida, dado que anima a solicitar devoluciones "aunque haya prescrito el derecho a solicitarla".
Todos ellos son indicios de que el propósito de este gesto del Gobierno no es tanto resarcir a unos ciudadanos afectados por malas prácticas financieras; más bien, se trata de improvisar un gesto electoralista para conseguir todo un golpe de efecto, como sería granjearse el apoyo de un colectivo que simboliza como pocos los perjuicios de la crisis.
