Pocos días después de que el Gobierno enviara a Bruselas sus nuevas, y eufóricas, previsiones macroeconómicas, la Comisión Europea ha hecho llegar a Madrid un paquete de recomendaciones. No podrían ser mayores las diferencias entre ambos documentos.
El Programa de Estabilidad del Ejecutivo español se afanaba en justificar un panorama económico de récord basado en la persistencia de factores externos como el bajo precio del crudo o la depreciación del euro. El escrito de la Comisión, por el contrario, deja a un lado el influjo de fuerzas externas, de difícil control, y hace hincapié en las asignaturas pendientes que, en clave interna, la economía española tiene pendientes para asegurar una nueva etapa de crecimiento sostenido y fiable.
El saneamiento financiero ha sido profundo, pero en absoluto se puede dar por terminado cuando las entidades aún pugnan por recuperar rentabilidades de dos dígitos y el crédito no fluye. Del mismo modo, tampoco se puede hablar de una auténtica unidad de mercado cuando la maraña de regulaciones autonómicas continúan entorpeciendo el desarrollo de toda actividad económica. Y, son precisamente, las autonomías, señala Bruselas, las que siguen constituyendo la principal amenaza para el cumplimiento del déficit.
El aviso no puede ser más oportuno, en el día posterior al anuncio por parte de Cataluña de la apertura de nuevas embajadas. El olvido intencionado de reformas como éstas, sin duda puede rendir beneficios electorales en el corto plazo, pero tendrá un alto coste en los años venideros, ya que mantiene a la economía española en situación de indefensión ante crisis como la que la diezmó en los últimos años.
