El plazo de pago a proveedores sigue siendo una de las asignaturas pendientes de las entidades públicas en todos los niveles. Ahora, con la implantación de la factura electrónica en el sistema de la Administración este problema se ha acrecentado, cuando el propósito era que lo solucionase. La paradoja se debe al retraso del sector público para adaptarse a la herramienta que ella misma ha creado.
A pesar de que la Administración debía estar preparada desde el 15 de enero para que sus proveedores facturasen sus pagos de forma electrónica, la realidad es muy diferente: miles de organismos públicos dilatan su adaptación a la nueva mecánica. La demora deja a los afectados en un callejón sin salida.
Por un lado, algunos de ellos están optando por emitir las facturas en papel para intentar acortar plazos; una opción que, sin embargo, los obliga a incumplir la ley vigente. La otra posibilidad es esperar a que la Administración en cuestión se ponga al día con el nuevo mecanismo, careciendo de toda garantía sobre los plazos en los que el proceso culminará.
Una falta de cumplimiento tan extendida y, aun así, tolerada por las autoridades, tiene visos de que no puede ser fruto solamente de la desidia. Lo cierto es que la falta de adaptación a la factura electrónica ofrece una nueva excusa para justificar la acumulación de facturas en los cajones, una estratagema para cuadrar las cuentas públicas que aún se halla profundamente arraigada en la Administración española.
