La continuidad del consorcio español encargado de construir el AVE La Meca-Medina se encuentra en el aire. En los próximos días se celebrará en Madrid una reunión decisiva para decidir el futuro de la concesión, lograda en 2011. Los problemas no han dejado de perseguir un proyecto que constituye todo un desafío para cualquier ingeniero. Sin embargo, más allá de las dificultades técnicas, resulta innegable que se han producido retrasos suficientes para acabar con la paciencia de las autoridades saudíes.
En un principio, las demoras pudieron achacarse al consorcio chino-francés que desarrolló la primera parte de la obra; en la fase actual de la construcción ya no cabe desviar responsabilidades y, por ello, Riad obligó a dos subcontratistas de Renfe a firmar obligaciones adicionales para que se sujeten a los plazos. Sin duda, a la hora de solucionar los retrasos, no han servido de ninguna ayuda las fricciones surgidas en el seno mismo del variopinto grupo español, integrado por 12 empresas, entre públicas y privadas.
Una de estas últimas, OHL, se ha enfrentado a sus socios abogando por absorber más carga de trabajo en detrimento de las demás compañías. Si actitudes tan intransigentes predominan en la próxima reunión del consorcio, puede darse por perdida la concesión del tren que unirá las dos ciudades sagradas del Islam. Un escenario así debe evitarse a toda costa. No sería la primera vez que la participación española en una gran infraestructura internacional se ve cuestionada; basta recordar los problemas surgidos en torno a la ampliación del Canal de Panamá. Ocasiones como ésas deberían haber enseñado que lo que está en juego es la credibilidad, y la imagen misma, de España en su conjunto.
