La asesoría ejercida por el diputado popular Vicente Martínez Pujalte de 2009 a 2013 ha tenido un trato fiscal más que beneficioso. La sociedad a través de la que prestó ese servicio, Sirga XXI, ingresó 625.000 euros y facturó al 1%. Hacienda investiga si el origen de ese dinero es una actividad empresarial real, gravada por el Impuesto de Sociedades, o son rentas del trabajo, que deberían someterse al IRPF, desviadas a través de una sociedad pantalla.
Existe una norma objetiva que declara ilegal esa práctica y Pujalte debe demostrar que no incurrió en ella al tributar mucho menos que su correligionario Trillo por unos trabajos similares. Es legítimo que los diputados compaginen sus cargos con este tipo de labores, pero siempre que cumplan con su obligación fiscal.
