El papel de los agentes sociales en el futuro modelo de gestión de los fondos públicos para formar a trabajadores y parados queda, por fin, definido. El Real Decreto que, previsiblemente, aprobará mañana el Consejo de Ministros, da los pasos adecuados para acabar con una estructura que resultaba insostenible.
El hecho de que los sindicatos y la patronal diseñaran unos cursos que luego ellos mismos se encargaban de impartir, ha constituido un caldo de cultivo ideal para el florecimiento de casos de fraude intolerables. Esa situación de privilegio quedará rota gracias a la reforma que Empleo impulsa, en la medida en que los agentes sociales podrán seguir impartiendo cursos, pero lo harán tras someter su oferta a la libre competencia con otros actores.
En cuanto a su participación en la gestión de los fondos públicos, tanto las centrales como los representantes de los empresarios verán limitada su influencia al ejercicio de una labor de asesoría. Es cierto que la reforma contempla que el desempeño de esa función estará remunerado, pero esos desembolsos serán razonables en la medida en que se ajusten a un baremo preestablecido en condiciones de transparencia.
Esta última ha sido la gran ausente en el sistema aún vigente de formación, puesto que primaba el desembolso de las subvenciones, sin ejercer un verdadero control sobre cuál era el destino de los recursos. Hasta el último céntimo de los mismos tiene que estar dirigido a mejorar la cualificación de la población activa de un país en el que aún hay más de cinco millones de parados, y no al sostenimiento de sindicatos y patronales.
Estos deben asumir sin dilación un proceso de profesionalización, que los haga dependientes, sobre todo, de las cuotas de sus afiliados.