En una economía de mercado, pocas agresiones son más perniciosas para el consumidor como limitar la competencia. Resulta, por tanto, comprensible, que Bruselas quiera dotar a aquellos de armas más eficaces para restañar los daños que les produzcan la formación de cárteles o los pactos de precios.
De acuerdo con la nueva directiva europea que España tiene pendiente de trasponer, todo afectado por esas prácticas, una vez señaladas por Competencia, podrá reclamar el pleno resarcimiento y tendrá cinco año para hacerlo.
Se abre así la puerta a movilizaciones masivas de usuarios en sectores como el transporte o la alimentación que supondrán costes millonarios, lo que debería constituir una amenaza capaz de disuadir a toda empresa de estudiar un pacto de precios.