Resulta evidente que el sector constructor, y especialmente el inmobiliario, experimenta un resurgir en España. Lo demuestran cifras como los 10.500 millones de inversión en ladrillo que el sector moverá en este ejercicio, una cifra que supera a la registrada en 2007.
Sin embargo, este despertar, con reminiscencias de los años de la burbuja inmobiliaria, está lejos de significar un alivio para los grandes protagonistas del mercado en los ejercicios previos a la crisis.
Muy al contrario, febrero terminó con el portazo dado por la banca al plan de refinanciación de Martinsa, lo que ha abocado a la inmobiliaria que preside Fernando Martín a la liquidación, arrastrada por sus 6.000 millones de deuda. Ahora es Rafael Santamaría, presidente de Reyal Urbis, quien se estrella, en este caso, contra los argumentos del juez, al que ha propuesto su plan de convenio con los acreedores.
Es innegable que Santamaría no ha dudado a la hora de ser ambicioso en sus propuestas, hasta el punto de poner sobre la mesa dos pactos en los que las quitas de las que Reyal se beneficiaría llegan hasta el 93%. De acuerdo, con el magistrado no hay justificación objetiva que respalde un recorte tan pronunciado; del mismo modo, es cuestionable el efecto arrastre que el primer espada de Reyal quiere que tengan sus planes, a los que tendrían que sumarse incluso los acreedores preferentes, aquellos que cuentan con hipotecas mancomunadas.
Paradójicamente, la capacidad de aguante demostrada tanto por Martinsa como por Reyal ahora las perjudica. La recuperación económica ha llegado y sus activos vuelven a ser atractivos para la banca; además, las entidades están saneadas y pueden provisionar las liquidaciones. El tiempo juega en su contra.