Gibraltar y España mantienen una guerra de acusaciones sobre el origen del contrabando de tabaco en el Peñón. Ahora, la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (Olaf) culpa a España de tener una legislación permisiva y de no hacer lo posible para luchar contra esta estafa. Una afirmación cargada de razón, ya que en 2011 el PSOE modificó la normativa y subió desde los 6.000 euros hasta los 15.000 el límite para que el tráfico ilícito de cigarrillos fuera considerado delito de fraude, medida que el Gobierno actual no ha rectificado. Se trata de una cantidad elevada que evita que estas acciones sean juzgadas por la vía penal. España no puede acusar a Gibraltar de realizar contrabando si no pone en marcha acciones legales que atajen este tipo de actividad.
