A la reforma fiscal descafeinada le ha seguido la constatación de que tampoco va a ir acompañada de un cambio del sistema de financiación autonómico. Entre las CCAA hay bastante indignación con Hacienda, que siempre había dicho, y con razón, que estas dos reformas debían de acompasarse. El problema es que las cuentas de las Administraciones Públicas están tan ajustadas por la obligación de reducir déficit, que Montoro prefiere no arriesgarse a emprender una reforma que sabe que no puede financiar, porque lo que deje de ingresar por un lado lo va a tener que compensar por otro, como ha hecho con las modificaciones en la fiscalidad del Estado.
Si la reforma fiscal se debería de haber acompasado con la autonómica, ambas no se entienden sin la necesaria reestructuración del sector público que el Gobierno ha decidido obviar. Tampoco se ha podido profundizar, y se ha perdido la legislatura, sin homogeneizar el coste de los servicios. Una premisa básica para poder comparar y atajar el problema de las duplicidades. La realidad es que el sistema de financiación de las CCAA hace agua por todas partes.
La falta de cumplimiento de las previsiones de crecimiento sobre las que se calculan los ingresos y las entregas a cuenta que realiza el Estado a las autonomías es otro factor que cuestiona el actual sistema de financiación. Por la liquidación de las cuentas correspondientes a 2012 las CCAA recibirán 3.771,42 millones. Esto supone 471, 53 millones menos sobre la previsión realizada. Lo grave es que los gastos de ese año se ajustaron a los ingresos previstos, lo que provoca continuos desfases en las cuentas autonómicas y las sitúa fuera de la realidad, mientras las aleja del objetivo de déficit.
