El Ejecutivo no quiere un enfrentamiento con los sindicatos antes de entrar en año electoral y por ello está dispuesto a elevar el límite de 2.000 euros anuales a la indemnización por despido. Miguel Ferre, secretario de Estado de Hacienda, ya ha manifestado que están abiertos a la negociación. Con independencia de los motivos que impulsan al Gobierno, es razonable reconsiderar este castigo fiscal gratuito para los más afectados por la crisis. En la negociación debe primar la idoneidad de los argumentos y evitar los intereses electorales o el intercambio de favores. No hay que olvidar que la tributación de la indemnización existe en toda Europa y así el Ejecutivo intenta de forma indirecta abaratar el despido e incentivar la búsqueda de empleo. La negociación no debe servir para desdibujar este objetivo.
