El primer juicio a responsables de las cajas de ahorros por los abusos y cobro de indemnizaciones millonarias terminó ayer con la primera condena penal contra banqueros en España. Aunque los directivos de Caixa Penedés no irán a la cárcel, ya que se han comprometido a devolver los 28,6 millones de las pensiones que se autoconcedieron, sí marca un antes y un después en la debacle de nuestro sistema financiero; y lo que es más importante, pone en valor el papel de la Justicia española.
Los tribunales investigan en la actualidad otros casos similares en cinco entidades que podrían llevar al banquillo a más de una veintena de banqueros por sueldos y prejubilaciones de 100 millones. Se trata de la CAM, Caja Segovia, Novacaixagalicia, Bancaja y Catalunyacaixa. Sus directivos darán explicaciones por los desmanes cometidos en las entidades que dirigían y en las que dejaron un enorme agujero que ha requerido la inyección de miles de millones de dinero público.
También las sentencias a favor de los clientes en el caso de las preferentes han supuesto un paso importante en pro de la verdad. Es sólo el inicio de un camino que se presume complejo, hay que analizar a fondo la responsabilidad de los acusados sobre las decisiones que tomaron y los perjuicios causados en las entidades cuando ya conocían su grave situación y que iban a recibir ayudas públicas. Además del veredicto de los tribunales, las leyes deben evitar que en el futuro se tomen decisiones sin el control de los órganos de gobierno.
