La apertura de una comisión interna en UGT para clarificar el destino de los fondos públicos recibidos para formación supone un giro sustancial en la estrategia seguida hasta la fecha por el sindicato socialista, reacio a reconocer las existencia de irregularidades. Su disposición a reintegrar los 115.000 euros ingresados abona su mala conciencia y supone el reconocimiento implícito de anomalías contables. UGT no solo debe dar explicaciones en el Parlamento andaluz sobre la gestión que ha hecho con el dinero salido de las arcas públicas, sino que debe abordar un proceso de regeneración interna, a imagen y semejanza del acometido en la presidencia de la Junta de Andalucía. Insistir en su inocencia solo le proporcionará más desprestigio.
