La hoja de servicios de Deloitte en España ha sufrido un nueva mancha, que emborrona aún más si cabe su cuestionada trayectoria profesional. El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, que ha sido confirmada en todos sus extremos.
El auto está relacionado con las inversiones de la Fundación Once en Gescartera, cuyos trabajos de auditoría en 2000 y 2001 fueron realizados por la firma de servicios profesionales. Básicamente, Deloitte pasó por alto los 700 millones de pesetas invertidos por la Fundación en la sociedad gestora, sin advertir de los riesgos que conllevaba y sin dejar constancia alguna. Una omisión que costó muy caro a la organización de ciegos y que está tipificada como grave por las normas de auditoría.
Deloitte ha sido sancionada con medio millón de euros y al auditor con 8.400 euros y tres años de inhabilitación para trabajar con Fundación Once. Un castigo nimio en comparación con la retirada de la licencia para operar en España que puede recibir por su falta de independencia con motivo de la salida a bolsa de Bankia y la grave situación económica que en ese momento vivía la entidad y no después. Un conflicto de intereses que se ha vuelto a repetir en el Reino Unido con la venta de MG Rover, por la que podría ser sancionada con hasta 23 millones.
Demasiados comportamientos anómalos que siempre acaban por perjudicar a los inversores y dañan la credibilidad del mercado. Su designación por parte de la CNMV como administrador concursal de Pescanova y su relación profesional con Damm, accionista de referencia de la sociedad gallega, confirman una vez más la colusión de intereses de una firma que se encuentra cuestionada.
