El Gobierno retoma la reforma de pensiones después de que Rajoy hace unas semanas amagase con dejarla aparcada. Ayer la ministra de Empleo, Fátima Báñez, anunció que llevará su proyecto al Congreso antes de septiembre. Los datos de ejecución presupuestaria de la Seguridad Social apuntan a que si no se toman medidas, el Ejecutivo tendrá que seguir echando mano del Fondo de Reserva para cubrir la falta de ingresos. La hucha de las pensiones ya se utilizó por primera vez en 2012 -7.000 millones-; este año ya se han sacado 3.500 millones el mes pasado y es probable que haya que volver a hacerlo.
El propio comité de expertos para la reforma del sistema de pensiones advierte en su informe que sin cambios legislativos es posible que en 2019 se hayan agotado todos los recursos del Fondo. Báñez dice que seguirá los consejos de este comité y desarrollará el factor de sostenibilidad. Ello supone bajar las pensiones vigentes y las futuras para garantizar la sostenibilidad del sistema. Hace mal el Gobierno en intentar disimular la verdad y no decir a los ciudadanos que no hay más remedio que tomar decisiones.
En la caída de ingresos por cotizaciones no sólo influye la pérdida de empleos sino también la bajada de salarios, que aminora las bases de cotización y eso no se va a solucionar aunque mejore el empleo. El desarrollo del factor de sostenibilidad no es una panacea y llegados a este punto, quizás sería conveniente acometer una reforma de más profundidad, pero el tiempo juega en contra. El trámite parlamentario de esta nueva reforma no va a ser fácil y tendrá que lidiar con un gran rechazo. Sin embargo, el mayor peligro para la pervivencia del sistema es la inacción y por eso, Empleo debe concretar cuanto antes su proyecto.
