La Intervención General del Estado constata en su último informe que el gasto del conjunto de las Administraciones Públicas en 2012 se situó en el 47% del PIB, un nivel histórico igual al que se alcanzó en la crisis de 1993, cuando gobernaba Felipe González. Rajoy se había comprometido a reducirlo, incluso llevarlo al 37,7% en 2015. Fecha que ya ha pospuesto a 2017 y que difícilmente cumplirá. A pesar de los sacrificios realizados, el Gobierno sólo ha reducido el déficit a costa de subir impuestos; ha recortado las partidas presupuestarias más fáciles -no por ello las más adecuadas- y no ha reformado el sector público. El tiempo se agota y Rajoy debe dar un golpe de timón y acometer la reforma de las Administraciones Públicas.
