La adulteración de la carne de caballo en Europa ya se puede medir, aunque sigue sin tener nombre y apellidos. Alcanza al 4,66% de los casos analizados y afecta en mayor medida a Francia y Grecia, aunque ningún país europeo se ha librado. El intento de Bruselas de convertir el fraude alimentario en un problema de etiquetado no es la mejor forma de encarar un problema sanitario, que a partir de ahora tendrá sanciones económicas más elevadas y proporcionales a los beneficios obtenidos. Cerrar la investigación sin hacer públicas las marcas comerciales causantes del masivo fraude alimentario supone una sospechosa falta de transparencia por parte de la Comisión Europea, cuyo papel garante debe quedar fuera de toda duda.
