Alimentan la economía sumergida y se han duplicado durante la crisis. Se trata de actividades fantasma desarrolladas por autónomos e inmigrantes, que escapan del control del fisco y eluden el pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social. Los cálculos describen un millón de actividades ilegales, medio millón más desde 2008, cuyo ámbito de actuación se centra en las reparaciones domésticas y los servicios de dependencia. La recuperación de las remesas de los inmigrantes desde 2010 avala la participación de este colectivo en un fraude que supone competencia desleal para los trabajadores por cuenta ajena que sí pagan sus impuestos. Hacienda y Empleo tienen mecanismos para intentar atajar un problema que erosiona las arcas públicas.
