El Gobierno de la Junta de Andalucía parece que finalmente va a iniciar un ajuste administrativo, que debía de haber emprendido hace tiempo. El rescate que ha pedido al Estado esta autonomía le obliga a plantearse un Ere, reducciones de sueldo y de jornada para sus más de 260.000 empleados. Llama la atención, que un tercio de este personal, haya entrado en la Administración por la puerta falsa, sin convocatoria pública ni examen. También choca que haya 140 entes instrumentales, como fundaciones u observatorios, cuyo cometido no está claro. Esta inflación de organismos y personal es insostenible y la Junta, aunque tarde y a la fuerza, debe recortarla. Griñán está obligado a reducir plantilla sin caer en la tentación de funcionarizar a los enchufados.
