Llama poderosamente la atención en una crisis tan profunda como la actual la resistencia a perder cuotas de poder e influencia de los Gobiernos autonómicos. Primero se vio con las cajas de ahorros y ahora queda meridianamente claro con las televisiones autonómicas.
Los responsables de muchas autonomías se comportaron más como un freno que como una ayuda en los procesos de fusión de las cajas. Presionaron muchas veces en contra de las integraciones más aconsejables para el negocio bancario y para el empleo, para que las fusiones se produjeran en el ámbito regional. El objetivo: seguir teniendo influencia y financiación fácil.
El resultado es que no han conseguido su propósito, han dificultado la reforma del sistema financiero y han generado una buena dosis de desconfianza hacia las administraciones autonómicas. En el caso de las televisiones parece que los responsables de las comunidades autónomas siguen el mismo camino.
Es muy difícil explicar que ningún presidente autonómico haya abordado todavía poner fin a un sistema insostenible, cuando se recorta en sanidad y educación. El presupuesto conjunto de las televisiones autonómicas asciende a 1.200 millones de euros, de los cuales 944 provienen de los impuestos y el resto de los ingresos previstos por publicidad. No basta con que la subvención pública se reduzca un 11% en 2012 para alcanzar el equilibrio. Falla el cálculo sobre la publicidad.
Se prevé ingresar lo mismo que en 2011, cuando la publicidad de las teles autonómicas cayó un 27% el año pasado y sólo en los tres primeros meses del actual se ha reducido en un 20%. Las cuentas no salen y los Gobiernos autonómicos siguen sin tomar medidas. Es inadmisible.
