La familia Martínez Sampedro, fundadora de Codere someterá este miércoles a votación una acción social de responsabilidad contra el presidente de la misma, Norman Sorensen, por gestionar "sin neutralidad y siempre en beneficio de un accionista y en perjuicio de todos los demás".
En caso de ser rechazada esta propuesta por la Junta, la familia Sampedro ejercitará dicha acción en nombre propio. Además, en un comunicado hecho público denuncia que la Compañía ha presentado información "insuficiente y tergiversada de las cuentas económico-financieras de la Compañía".
Ante la Junta de Accionistas, los fundadores de Codere explican que ni el Consejo ni el Comité de Remuneraciones y Nombramientos tienen competencia, según la ley de Sociedades de Capital, para analizar y mucho menos recomendar el voto contrario a la propuesta de un accionista en Junta General, como aquí se pretende.
Estiman que Sorensen tiene, como presidente, competencias cuyo incumplimiento le hacen incurrir en responsabilidad personal, porque "la organización de la agenda de los consejos y el orden del día de las reuniones es de su única responsabilidad. Pero, en modo alguno, puede impedir que un accionista significativo proponga el nombramiento o renovación de un consejero al Consejo de Administración y su consiguiente elevación a la Junta General, como así ocurrió el pasado 7 de Junio".
Por ello, la Familia Martínez Sampedro señala que ese compartimiento no sólo vulnera su supuesta condición de independiente sino que incumple también el vigente Pacto de Accionistas.
"Sorensen ha impedido que se trate en los consejos de Codere la estrategia de la compañía, su posicionamiento competitivo, y la contribución tangible a la creación o destrucción de valor para los accionistas. El análisis del rendimiento del director general y de su equipo gestor ha corrido la misma suerte", denuncian los fundadores de Codere.
En la misma línea señalan que también ha restringido de forma inaceptable el acceso de estos consejeros a la información de la compañía y a sus gestores, haciendo imposible el cumplimiento de sus funciones, entre otras, su respaldo a las cuentas anuales.
Y, ademá, entienden que son evidentes las consecuencias que para el valor de Codere ha representado el ejercicio por Sorensen de sus funciones organizativas sin la neutralidad que exige su condición de consejero independiente y el buen gobierno de una compañía cotizada, actuando siempre en beneficio de los intereses de un accionista y en perjuicio de todos los demás.
Con respecto a sus denuncias de insuficiencia y tergiversación de las cuentas económico financieras de la compañía, en el comunicado hecho público señalan que las cuentas anuales fueron rechazadas por tres consejeros ante la falta de información suficiente en relación con determinadas partidas contables de gastos no recurrentes, un ámbito, ni revisado ni validado por los auditores, que es responsabilidad exclusiva de los administradores.
Consideran que es inconcebible "silenciar la estrepitosa caída del precio de la acción evitando dar explicaciones sobre causas y remedios. De hecho, el mercado ha descalificado la gestión de la Compañía reduciendo sus múltiplos de valoración de 'Ebitda Ajustado' de 7 a 4,2 veces, y un 60% el valor de la acción.
"El informe tampoco recoge que el negocio orgánico 'Like For Like' durante este ejercicio 2018, y durante el primer trimestre 2019, ha perdido su capacidad de crecer por encima de la inflación en todos los mercados relevantes, cambiando el perfil de Codere que ha dejado de ser un proyecto de crecimiento", asegura la familia Martínez Sampedro.
El informe oculta -siguen denunciando- que se está gestionando el negocio centrándolo exclusivamente en la reducción de costes. Omite que la venta de un buque insignia de la compañía, la 'Sala Gonzalitos' de Monterrey, ha sido realizada en clara violación de todas las reglas del buen gobierno de una compañía cotizada. Y no explica las consecuencias de externalizar una actividad estratégicamente crítica como es el desarrollo del juego 'online'.
Por otra parte, aseguran en su comunicado que la compañía había conseguido ser a lo largo de su dilatada trayectoria un referente sectorial en España en materia de juego responsable y líder institucional en todos y cada uno de los países donde opera. A día de hoy, solo se puede constatar la irrelevancia social e institucional de su posición en el mercado.
Por último, indican que la opinión de los auditores no alcanza al informe de gestión consolidado ni a la información no financiera.
En definitiva, consideran que la gestión de la Compañía ha sido contraria al interés social y de sus accionistas.
La familia Martínez Sampedro ha instado, por otra parte, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a llevar a cabo la apertura de un expediente sancionador ante la falta de una OPA que no se ha producido.
Además de la familia Martínez Sampedro, el gestor del fondo Silver Point Capital Management, Edward Arnold Mule, controla de manera indirecta el 23,35% de las acciones del grupo; mientras que el gestor del fondo Abrams Capital, David Abrams, posee el 8,788% del total del capital social, y el gestor de Contrarian Capital Management, Jon R. Bauer, controla el 7,273%.
El resto del capital social de la compañía está controlado directamente por Turnpike Limited (2,235%), VR Global Partners (2,488%), Alden Global Oportunities (3,4%) y Agbpi Fund (1,115%).