Los gestores administrativos consideran que la posible reducción del 60% de los incentivos de contratación, incluida en el Programa de Estabilidad presentado a Bruselas por el Gobierno, será muy negativa, porque incrementará los costes de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos y generará economía sumergida y empleo oculto.
Así, lo ha dicho José Antonio Martín Herrera, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, quien ha mostrado la preocupación de su colectivo ante las medidas que pueda adoptar el Gobierno para mejorar la recaudación impositiva puedan tener un efecto negativo, tras la revisión del impacto fiscal que ha encargado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).
No obstante, se mantienen a la expectativa de lo que concluya esta institución y decida, finalmente el Gobierno.
Posibles medidas a revisar
Martín Herrera ha considerado que la situación ha ido a peor. Así, ha destacado que entre las medidas que se piensan revisar están los límites máximos de los rendimientos de trabajo en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las imputaciones de las viviendas vacías que pueden hacen que sea más favorable tener los inmuebles alquilados,
También, se revisará la tributación conjunta y otras deducciones como las que corresponden a las familias numerosas, lo que puede tener un coste social importante para los contribuyentes con menores ingresos.
"Como asesores nos gustaría que hubiese un marco fiscal y laboral más estable, que no introduzcan medidas que se toman en un despacho y que en muchas ocasiones no tienen en cuenta la realidad de muchas personas" ha señalado Fernando Santiago.
La norma del IVA de caja, por ejemplo, que tiene una idea muy bonita, porque no se devenga hasta que no se cobra la factura y la otra parte no puede deducírsela hasta que no ha pagado al proveedor.
El problema es que las grandes empresas no admiten a las pymes con las que trabajan que se den de alta en el IVA de caja. Como norma estaba muy bien, pero en la realidad no ha funcionado más que para aquellos casos en que el cliente está activo, como puede ocurrir, por ejemplo, con un registrador de la Propiedad, que sí se está acogiendo al IVA de Caja.
Santiago ha advertido, que se tenga cuidado con el borrador del IRPF, que, si le da su conformidad y no está bien, le puede costar al contribuyente 300 euros de media no incluir deducciones a las que tienen derecho o por errores incluidos en los datos facilitados por Hacienda, que son responsabilidad del propio contribuyente. Siempre paga el pato el ciudadano, ya que la Administración siempre hace la norma".
"La ventanilla única de la Administración no funciona y no va a funcionar en un futuro, puesto que en la Administración las cosas funcionan a través de presupuestos y cuando una ventanilla empieza a recibir asuntos de otros departamentos y tiene problemas para atender los suyos con los medios que tiene, comienzan a poner trabas" ha afirmado Fernando Santiago, presidente del Consejo de Gestores Administrativos y presidente del Colegio de Madrid.
Santiago ha señalado que los ciudadanos presentan una media de tres veces cada expediente por errores o falta de documentación, mientras que los gestores administrativos lo hacen en tan solo una ocasión, lo que agiliza los trámites y aumenta la efectividad.