La percepción por parte de la población de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) sobre la independencia judicial se ha reducido en aproximadamente tres quintas partes de los Estados miembros con respecto al año pasado, según el cuadro de indicadores de la Justicia en la UE de 2019, elaborado por la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (Cepej), adscrita al Consejo de Europa.
Además de en España, esta percepción se da en Austria, Holanda, Alemania, Luxemburgo, Bélgica Estonia, Grecia, República Checa, Portugal, Hungría, Rumanía, Polonia, Bélgica, Eslovaquia y Croacia.
La razón principal para la supuesta falta de independencia de los jueces y tribunales es la posible injerencia o presión política. En cuanto a las fiscalías nacionales, el informe destaca que, en algunos Estados miembros, se tiende a concentrar en manos de una única autoridad las competencias de gestión, tales como la evaluación, la promoción y el traslado de fiscales.
En 2018, varios tribunales nacionales apelaron al Tribunal de Justicia de la Unión Europea dentro del mecanismo de referencia preliminar –Artículo 267 del TFUE–, solicitando aclaraciones sobre los requisitos de la legislación de la UE en materia de independencia judicial. En particular, destacó el caso del Tribunal Supremo polaco, que remitió seis de estas cuestiones. El Tribunal Supremo Administrativo de este país, otra, y los tribunales ordinarios, otras tres.
Procesos muy largos
El cuadro de indicadores muestra que, a lo largo del período de ocho años comprendido entre 2010-2017, se observa una evolución positiva en casi todos los Estados miembros que, según el Semestre Europeo, se enfrentaban a dificultades concretas. Desde 2010, en casi todos esos Estados miembros, la duración de los procedimientos judiciales en primera instancia ha disminuido o, al menos, se ha mantenido estable.
Además, los procedimientos de primera instancia sobre blanqueo de capitales tienen una duración media de en torno al año. Sin embargo, en algunos Estados miembros con dificultades en este ámbito, los procedimientos pueden durar dos o más años. Así, la media de este tipo de procedimientos entre los años 2014 a 2017 en España ha rondado los 600 días.
Según los cuadros publicados por Cepej, España ocupa una de las últimas posiciones en cuanto a la duración de los procedimientos civiles y mercantiles en las tres instancias, únicamente superada por Malta e Italia. Así, en España la primera instancia ronda el año de promedio, supera los 200 días en segunda instancia y ronda los 600 días en la tercera instancia. Mientras Italia ronda los 1.000 días en la primera y tercera instancias.
En cuanto a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, España se encuentra situada en la posición número 20, por delante de Italia, Portugal, Grecia, Malta y Chipre, con una media que supera el año en primera y segunda instancias y de 500 días en la tercera.
En general, el gasto público total en los órganos jurisdiccionales se mantuvo estable en toda la UE en 2017. Para mejorar la calidad de las sentencias -basándose en los datos de las redes judiciales europeas- la mayoría de los tribunales y juzgados imparte formación específica a los jueces sobre la estructura y el estilo de razonamiento y de redacción de las sentencias.