Londres
Los dos principales partidos británicos libran una batalla contra el tiempo y contra la lógica política para hallar una postura común en materia de Brexit que les ahorre el riesgo de las elecciones europeas de mayo. Sus respectivas delegaciones negociadoras se reúnen estos días, pese al receso parlamentario, para apurar los últimos cartuchos de un acercamiento que, como precio por un beneficio mayor, amenaza con provocar escisiones internas y, en el caso de los conservadores, con un potencial magnicidio.
De momento, la mera continuidad de las conversaciones constituye un mérito, sobre todo, cuando quienes desde hace tres semanas se reúnen periódicamente en las dependencias ministeriales de la Avenida de Whitehall representan una de las rivalidades políticas de referencia en el continente. Sin embargo, ante el desafío que el divorcio representa para la hegemonía del bipartidismo y las divisiones que ha generado ya en sus filas, tories y laboristas son conscientes de que hallar una vía de desbloqueo va en sus propios intereses.
Como la formación en el poder, los conservadores son irremediablemente quienes más necesidad tienen que encontrar una solución a la parálisis, pero la izquierda vive su via crucis particular en la combinación letal de un líder tradicionalmente crítico con el proyecto comunitario, sin apetito por un segundo referéndum, una militancia fundamentalmente eurófila y una base electoral que había votado mayoritariamente a favor de abandonar el bloque en 2016.
De ahí que la conveniencia de evitar las europeas que en Reino Unido se celebrarían el 23 de mayo sea compartida, frente a discrepancia que sí presentan en torno a los mecanismos para esquivarlas. Dada la constricción de los plazos, el Laborismo se ha resignado a la inevitabilidad de los comicios, frente a la maquinaria gubernamental, que mantiene una confianza ciega, aunque vana, en el margen para convertirlas en redundantes.
Los perjuicios van más allá de las consecuencias técnicas derivadas de elegir diputados que, en prácticamente meses, si es que no semanas, verán desaparecer sus escaños, una vez Reino Unido logre materializar la ruptura, como la lógica establece que ocurrirá si finalmente Westminster logra aprobar el Acuerdo de Retirada.
La simple organización de los comicios prácticamente dos meses después de la fecha en que el país tendría que haber completado el divorcio desencadena incómodas preguntas para un sistema político que no ha sabido resolver el mayor desafío afrontado desde la II Guerra Mundial. La responsabilidad recae fundamentalmente sobre Theresa May y compañía, pero el Laborismo tampoco ha salido indemne de la parálisis, como evidencia la práctica totalidad de los estudios de opinión, y lo que es peor, no ha sabido capitalizar la inacción del Ejecutivo y las luchas cainitas del partido que lo sostiene.
Para los conservadores, las europeas podrían suponer una aniquilación en las urnas, sobre todo, porque algunos de sus diputados han advertido ya de su disposición a votar por siglas anti-UE, como el Partido del Brexit, la plataforma promovida por el ex líder del UKIP Nigel Farage. Aunque se prevé un fuerte castigo, de alcanzar las dimensiones de hecatombe, la continuidad de May en el Número 10 sería extremadamente complicada, sobre todo, si las locales que se celebran tres semanas antes suponen un serio correctivo.
Al Laborismo, mientras, las europeas lo forzarían a resolver el incómodo debate que tiene por resolver en torno a un potencial nuevo plebiscito, una dialéctica de graves consecuencias para la formación si los bastiones que habían votado mayoritariamente a favor de la salida en 2016 no le perdonan su apoyo. La solución, sin embargo, no es tan sencilla, puesto que si bien Jeremy Corbyn apenas puede ocultar su falta de entusiasmo por reeditar un referéndum, la presión de las bases y del propio grupo parlamentario a favor de una nueva consulta resulta demasiado grande como para que el líder pueda simplemente ignorarla.
De ahí que, aunque la prórroga hasta el 31 de octubre haya retirado el sentido de urgencia del diálogo entre Gobierno y oposición, ambos se hayan dado un plazo de diez días para revisar los progresos recabados.
Por ahora la ambición sigue pasando por el consenso y, como prueba, han constituido tres grupos de trabajo en las áreas fundamentales en las que es necesario acordar. El problema es que, en última instancia, el principal obstáculo no está en la regulación laboral, o medio ambiental, sino en hasta dónde están dispuestos a ceder en nombre del desbloqueo y, para los conservadores, la incógnita radica en si pueden digerir la continuidad en una unión arancelaria.
