Mañana la Junta de Andalucía da el visto bueno a rebajar, en un 99%, el impuesto de Sucesiones y Donaciones en la región, una iniciativa que vuelve a poner sobre el tapete la formulación de este polémico tributo que enfrenta a comunidades autónomas y, en medio del escenario electoral del 28 de abril, a los partidos políticos: la derecha apuesta por su supresión y la izquierda por su supervivencia, siempre y cuando se armonice su aplicación en las diferentes regiones.
En realidad, la decisión de Andalucía, región que está en manos del Partido Popular en alianza con Ciudadanos, y con el indispensable apoyo parlamentario de Vox, no es sino ampliar a todos los contribuyentes la decisión que ya tomó Susana Díaz en 2018 cuando era presidenta de la Junta, por presión de la formación naranja: bonificar al 99% este impuesto pero solo para casos en los que las herencias fueran inferiores a un millón de euros.
Sin embargo, el cambio que plantea la Junta de Juan Manuel Moreno no va a darle el trono de las bonificaciones. Este es el caso de Madrid, región que reina en la reducción de este impuesto en España. En ella cónyuges, ascendientes y descendientes pagan el 1% tanto de las herencias como de las donaciones, lo cual explica que las grandes fortunas del país hayan decidido mudarse a la Comunidad, según fuentes fiscales. Esto explica que, a pesar de su baja fiscalidad sea la autonomía que más ingresa por esta tasa, solo por debajo de Cataluña.
Las bonificaciones también son elevadas en Murcia, La Rioja y Canarias, pero con escalonamientos de las reducciones dependiendo de la situación del heredero o receptor de la donación, o el valor de la herencia.
Esta multitud de diferencias se multiplica en el resto de la geografía española. La amplia variabilidad del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y la aplicación de las diferentes bonificaciones impiden un análisis eficaz de su impacto y sus efectos, o incluso de sus fallos.
Con todo, el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) ha hecho un estudio sobre un ejemplo concreto: un soltero de 30 años sin hijos cuya herencia está valorada en 800.000 euros . Bajo esta premisa, la comunidad más cara para heredar de España es Asturias, seguida de Castilla y León y Comunidad Valenciana. Con todo, es posible que esta clasificación cambie tras las elecciones del 26 de mayo, dado que Sucesiones y Donaciones es uno de los protagonistas de las promesas electorales.
Incremento de la recaudación
Mientras, en datos consolidados, los ingresos por esta tasa crecen. Según el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), en 2017 aumentaron hasta los 2.572 millones. En cambio, de cara a futuros datos y por las bonificaciones aplicadas por Andalucía o Aragón en el año pasado, el REAF espera que esta cifra baje en futuras recaudaciones.
El Impuesto de Sucesiones y Donaciones se ha convertido en carne de debate electoral, con posturas totalmente divergentes dependiendo del espectro ideológico. La derecha promete su supresión completa, a tenor de las promesas de Partido Popular, Ciudadanos y Vox.
En cambio, las postura de los partidos de izquierda es mucho más tibia. Fuentes del PSOE, consultadas por elEconomista, consideran que el Estado no debe mover este avispero y se debe mantener el status quo. En cambio, Unidas Podemos se muestra proclive a homogeneizar la aplicación de este impuesto. Además, en la formación morada se muestran contrarios a las sucesivas bonificaciones al impuesto, que, bajo su punto de vista, están convirtiendo algunas regiones en paraísos fiscales.
La competitividad fiscal entre las regiones también preocupa a los propios expertos. "La solución ideal pasaría por una cierta armonización y establecer unos mínimos por debajo de los que no podrían legislar las autonomías, manteniendo la corresponsabilidad fiscal con el margen que deberían tener para incrementar o no dichos márgenes", opina Carlos Cruzado, presidente de Gestha. "Asimismo, sería conveniente establecer unas reglas generales para facilitar el pago del impuesto en situaciones de herencias con dificultades de liquidez".
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