Barcelona
La acción exterior de la Generalitat de Cataluña entre 2011 y 2017 presentó irregularidades y deficiencias en la planificación, presupuestación, gestión y ejecución de los recursos, según el informe publicado el martes por el Tribunal de Cuentas y que ha sido remitido a Fiscalía para que investigue el presunto uso de recursos públicos para fines ilegales. El documento, de más de 500 páginas y que con los anexos supera las 750, constata la existencia de gastos para los que no existen los justificantes correspondientes o en que no se ha acreditado la prestación realizada, así como la realización de actividades fuera de las finalidades establecidas en la ley o ajenas a las competencias de la administración catalana.
Así, recopila 45 viajes internacionales de los presidentes de la Generalitat aquellos años -Artur Mas y Carles Puigdemont- y de sus consejeros por un importe total de 479.633 euros "cuya finalidad principal está vinculada a la promoción del llamado proceso soberanista en el ámbito internacional, no resultando justificado el uso de fondos públicos para dichas finalidades". También apunta gastos de las delegaciones de la Generalitat en el exterior "fuera de sus funciones" -en muchos casos para buscar apoyos para el procés- por al menos 327.736 euros. A este importe se suman pagos por servicios de asesoramiento o de elaboración de informes cuya finalidad u objeto no constan o resultan ajenos a las competencias de las delegaciones y de la propia autonomía, por un importe de 515.675 euros. En el caso del Diplocat, recopila actividades vinculadas al proceso secesionista por casi 3,5 millones de euros, a los que agrega contrataciones relacionadas con la consulta del 1 de octubre, declarada ilegal por el Tribunal Constitucional, que ascendieron a 305.789 euros.
La Generalitat alega al informe que no se trata de irregularidades, si no de acciones amparadas por el derecho de libertad de expresión e ideológica.
Por otro lado, el Govern anunció este martes un suplemento de crédito de 814 millones de euros para afrontar el aumento de gasto de las nóminas de los trabajadores públicos este año. Espera recibir el dinero del Estado.
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