A poco menos de un mes de las elecciones generales del próximo 28 de abril, el Consejo de Ministros dio el visto bueno el viernes a la mayor oferta pública de Empleo en los últimos 11 años, compuesta por 33.793 plazas. A pesar de que parece una medida electoralista, la titular de Función Pública, Meritxell Batet, no lo ve así. "Lo que sería una irresponsabilidad sería no aprobarla", aseguró la ministra durante la rueda de prensa posterior al cónclave ministerial.
Esta oferta es casi un 10 por ciento mayor que la de 2018, y con ella se pretende combatir el acentuado envejecimiento de las plantillas, entre otras cuestiones. La mayoría, 20.781 plazas, son para la Administración General del Estado y otras 2.528 plazas para la estabilización del empleo en este ámbito. El segundo estamento más beneficiado son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que contarán con convocatorias de 5.561 puestos.
Les siguen las plazas de estabilización en el ámbito de Justicia (2.237), las de las Fuerzas Armadas (1.814), las de estabilización en Educación (489) y las 383 plazas convocadas para el Brexit, que ya se anunciaron en febrero. Se priorizarán los puestos relacionados con la I+D+i y los de la lucha contra el fraude.
Empleo neto
Con esta convocatoria se crea empleo neto, pero no se ha aclarado qué cifra. Con todo, fuentes de Función Pública indicaron a elEconomista que no supondrá generar más gasto, puesto que la masa salarial de las nuevas incorporaciones será más ligera que la de los funcionarios que van a ir jubilando, dado que cobran experiencia y complementos salariales. De esta manera, la situación quedará compensada.
Precisamente, la ministra Batet defendió la oportunidad de la oferta, dado el envejecimiento de la plantilla funcionarial estatal. Informó de que la edad media de estos trabajadores es de unos 52 años, diez más que la población activa. Y "el envejecimiento del personal se va acelerando con el paso del tiempo". Esto, sumado a la reducción de incorporaciones durante el periodo de crisis económica, llevará a que en 2029 algo más del 51 por ciento del total del personal esté en edad de jubilarse. De hecho, 19.159 empleados públicos, cerca del 14 por ciento del total, ya tienen la posibilidad de hacerlo en este 2019.
Por ello, "las ofertas de empleo van a jugar un papel crucial" para mantener el correcto funcionamiento de la Administración Central, que ha sufrido una pérdida de efectivos de 36.000 puestos entre 2009 y 2019. Así, reiteró que "las plantillas no están sobredimensionadas. De he-cho, estamos por debajo de la media europea".
No habrá más RDL
La ministra portavoz, Isabel Celaá, informó de que el Consejo de Ministros no aprobará nuevos reales decretos-ley, aunque ello no supone el fin de los viernes sociales: al Gobierno todavía le quedan en la manga reales decretos o estrategias como Reincorpora-T, que se cayó del Consejo de ayer, por lanzar antes del 28-A.
La convalidación de los RDL aprobados tras la disolución de las Cortes el pasado 5 de marzo se votará en la Diputación Permanente el próximo miércoles 3 de abril, que es el día para el que ha sido convocada por su presidenta, Ana Pastor. Allí se decidirá si se le da luz verde definitiva a los RDL de alquiler de viviendas, los planes de contingencia para acometer un Brexit sin acuerdo, los cambios en materia de igualdad entre los que se incluye la ampliación del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas y el conjunto de medidas de protección social con la regulación del subsidio de desempleo para mayores de 52 años. Fuentes socialistas confían en que no haya problemas para que reciban luz verde, aunque no tienen confirmados los apoyos necesarios.
