Londres
El margen de maniobra de la Unión Europea para permitir a Reino Unido decidir estrategia para el Brexit se ha convertido en el catalizador de una guerra civil en el Gobierno británico que ha dejado sentenciada la continuidad de Theresa May y amenaza con un adelanto electoral como solución al bloqueo.
La primera ministra se enfrenta esta jornada a un incendiario Consejo de Ministros en el que se verá con quienes dedicaron el fin de semana a conspirar para desalojarla de Downing Street y, a continuación, será testigo de cómo el Parlamento interviene para forzar la convocatoria de una cadena de votos indicativos para evidenciar qué opción permitiría superar la parálisis.
El problema es que cualquier fórmula que resulte vencedora profundizaría la escisión entre el Ejecutivo y Westminster, como dejó patente el conato de motín interno de las últimas 48 horas. Pese a haber sido parcialmente neutralizado, la posición de May resulta insostenible y su marcha podría constituir el precio para lograr la aprobación de su acuerdo de divorcio.
Las residuales posibilidades de sacarlo adelante habían puesto la tercera votación en suspenso, pero el complot orquestado por una parte del Ejecutivo para provocar un recambio en el Número 10 y situar a un premier interino ha provocado un vuelco de los acontecimientos con potencial para revivir el denostado plan.
Frente anti-Bruselas
Como prueba, la propia May convocó ayer a pesos pesados del frente anti-Bruselas de su partido en la residencia oficial de Chequers, en plena campiña inglesa. Allí se había trasladado para definir estrategia tras el Consejo Europeo que determinó que, de fracasar de nuevo, el 12 de abril sería el nuevo Día del Brexit, una prórroga técnica en la que Reino Unido debería decidir si se lanza a una ruptura no pactada, o apuesta por una fórmula alternativa, ya sea mediante una suavización de la propuesta actualmente sobre la mesa, o un segundo referéndum.
Sin embargo, dos dominicales la obligaron ayer a redirigir su atención a una batalla por la supervivencia, ya que tanto The Sunday Times como Mail on Sunday difundieron las maniobras de parte de su gabinete para apearla del cargo, dado que el malestar provocado por su liderazgo es lo único que tienen en común los diferentes reinos de taifas en los que ha derivado el Partido Conservador.
La trama perdió fuelle, después de que los dos tipificados para reemplazarla temporalmente: David Lidignton, oficiosamente su número dos y militante en el bastión pro-UE, y Michael Gove, titular de Medio Ambiente y uno de los pesos de la campaña a favor del divorcio, se desmarcasen de un ascenso inminente al poder.
Su distanciamiento no supone un blindaje de la premier, cuya marcha resulta ya inevitable, sino la prueba del callejón sin salida en el que se halla el proceso, ya que cualquiera de las opciones que demuestre credenciales para recabar una mayoría provocaría una reacción en cadena por parte de quienes se oponen.
Como resultado de esta contradicción en la que ha desembocado el Brexit, el plan de May, el mismo rechazado dos veces en la Cámara de los Comunes, podría acabar constituyendo la opción menos mala, sobre todo si los eurófobos comprenden que la única alternativa factible sería una salida blanda, o un nuevo plebiscito.
No en vano, el Parlamento prevé hoy mismo arrebatar al Gobierno la prerrogativa sobre el establecimiento de la agenda parlamentaria, mediante una enmienda que forzaría la convocatoria de votos indicativos para demostrar qué planteamiento sería más popular.
Un movimiento inteligente por parte de la primera ministra sería anticiparse y tomar la iniciativa de proponerlos ella misma, pero la evidencia de que la fórmula que más simpatías recaba en Westminster implicaría continuar en el mercado común y en una unión aduanera le recomendaría evitar esta vía.
El conflicto tampoco acabaría ahí, ya que si esta ronda de votos no sería vinculante, el Ejecutivo lo tendría difícil para ignorar la voluntad de la Cámara de los Comunes. Además, si los diputados consiguiesen dar rango de ley a su propuesta, pondrían al Ejecutivo en un serio dilema constitucional, si lo que plantean desafía las líneas rojas de May: el modelo denominado Mercado Común 2.0 impediría el control sobre la inmigración, dadas las cuatro libertades de movimiento inherentes al mercado único, y establecer acuerdos comerciales, por la presencia en la unión aduanera.
Ante esta colisión de intereses, un adelanto electoral aparece como una solución potencial, ya que resulta menos arriesgada que un segundo referéndum.
