La cuarta revolución industrial ya está aquí. Así es como se ha dado a conocer la progresiva digitalización de los trámites legales y de las gestiones de los últimos tiempos, que permite mejorar la eficiencia de las administraciones. Sin embargo, la escasa digitalización de estos procesos en el sector público español provoca que España gaste 75 euros más por acto administrativo.
Este es el coste que supone cada gestión administrativa pública analógica respecto a cada una digital. Así lo indican los responsables del informe La Administración Digital en España, de EY, que advierte de que las administraciones autonómicas y locales, en general, suspenden en transformación digital y que ninguna cumple con la totalidad de la regulación vigente, y ello a pesar de que tienen hasta 2020 para hacerlo.
Este parón en el desarrollo de las estrategias digitales públicas estaría causado por la crisis, según los autores del documento. Las administraciones han optado por mantener los sistemas que tienen en vez de por modernizarlos y optimizarlos. Sin embargo, sostienen que ahora la oportunidad no se puede dejar pasar: la tecnología ha mejorado y es "tremendamente más barata".
El peligro de la brecha digital
Concretamente, Manuel Márquez, socio de EY responsable de Consultoría de Sector Público, avisa de que esta situación ha provocado que se haya producido una profunda brecha digital entre las autonomías y que, si no se aborda una estrategia estatal en digitalización, sobre todo en inteligencia artificial, no hará sino agrandarse.
De esta manera, País Vasco, Galicia y Cataluña lideran el ranking autonómico de digitalización de la Administración Pública, con una madurez de sus gestiones en este campo superior al 90%, aunque ninguna de ellas cuenta con representación y registro electrónicos, como indica la ley. La diferencia con el 'farolillo rojo' de esta clasificación, que es Extremadura, es abismal, puesto que solo tiene una digitalización de los procesos del 48%.
Con todo, en términos generales, las autonomías están más digitalizadas que las localidades españolas. Según el ranking de EY, ninguna llega al 90% de digitalización de las gestiones, aunque se quedan muy cerca de esta proporción Valencia, Hospitalet y Málaga.
En contraste, la Administración Central "tiene un nivel de maduración más avanzado que las autonómicas y las locales", indica Márquez, sobre todo gracias a su alcance y la evolución en este sentido de la gestión fiscal y tributaria, por ejemplo
Retos
De cara al futuro, el informe plantea retos y áreas de mejora. Las mayores urgencias están en comunicaciones y notificaciones y en representación registro electrónico, cuyo plazo legal para solventarse termina el 31 de diciembre de este año.
Además, las Administraciones Públicas deberían invertir en atención al ciudadano basada en la omnicanalidad y en anticiparse a las necesidades ofreciendo servicios personalizados en materia de becas y subvenciones según los colectivos sociales, por ejemplo.
