Sindicatos y Empresas de Trabajo Temporal (ETT) en Holanda buscan acercar posturas con las autoridades españolas, preocupados por su reputación tras los polémicos abusos laborales a empleados españoles, aunque el escepticismo lastra el diálogo porque este problema se remonta a más de dos décadas.
Esta problemática de hacinamiento, jornadas laborales abusivas, engaños y explotación, que afecta también a ciudadanos de diferentes países europeos, existe en Holanda desde hace, al menos, 22 años, según los registros de la representación española. Hace dos años CCOO denunció el sistema de captación y las condiciones en las que trabajan cientos españoles en el puerto de Rotterdam.
La Asociación General de Agencias de Empleo Temporal (ABU), empresas holandesas involucradas y reclutadores desde España aseguran querer poner fin a la explotación laboral en Holanda, aunque niegan que esta sea una práctica generalizada y larga, y subrayan que los abusos y el problema del alojamiento "es exagerado" por los empleados temporales, según fuentes consultadas por Efe.
¿Pero habrá un cambio real?
El gigante postal holandés PostNL reaccionó a la información publicada por Efe el pasado 23 de febrero asegurando que comenzará a trabajar directamente con empleados temporales y dejará de utilizar contratos con terceros, como Tempo Team, la filial de Randstad, acusada por la Confederación de Sindicatos (FNV) de violar los convenios de trabajo colectivo.
Sin embargo, el escepticismo sobre un cambio real en la situación tiene base en las últimas décadas, porque las ETT han prometido poner fin a las malas prácticas después de cada intervención por parte de las autoridades españolas a trabajadores temporales en Holanda, víctimas de estos engaños.
El 6 de octubre de 1997, un grupo de 430 españoles partió desde la Comunitat Valenciana hacia dos pequeñas localidades del Este de Holanda, reclutados por una agencia española llamada Juventud Profesional S.L y con una oferta para la campaña de Navidad de la ETT AGO, con sede en Apeldoorn, a 100 kilómetros de Ámsterdam.
Según confirmaron a Efe fuentes de la Embajada española en La Haya, varios ciudadanos españoles, que habían llegado a Holanda días antes, pidieron ayuda a la Consejería de Trabajo alegando problemas económicos, abusos e incumplimiento de contratos por parte de sus empresas.
Después de que un funcionario español comprobara la situación y ante la "actitud evasiva" de la empresas involucradas, España se encargó de los gastos y de repatriar a 140 jóvenes, menores de 30 años, en tres autobuses de vuelta a Valencia.
La situación denunciada no se correspondía entonces, como tampoco lo hace ahora, con las condiciones exigidas por una Unión Europea en pleno apogeo: los empleados temporales trabajaban desde las cinco de la mañana hasta las nueve y media de la noche, seis días a la semana, dormían hacinados en literas, sin servicios mínimos, con falta de higiene y en unos albergues donde hombres y mujeres debían compartir baño y habitación.
Varias personas enfermaron, pero ante las irregularidades y la falta del seguro médico obligatorio, nadie les atendió. Tampoco podían acudir solos al hospital por varias razones, entre ellas, el desconocimiento del idioma y la falta de transporte, porque el alojamiento estaba a varios kilómetros a pie del centro de una ciudad.
Los contratos que firman, al igual que en 1997, incluyen una cláusula legal que supone que el empleado puede ser despedido si no acude a su puesto de trabajo por motivos de salud.
Repunte en el número de denuncias
Lo alarmante para el Consulado de España es que, durante los últimos años, las denuncias de españoles a sus empresas están registrando un importante repunte explicado en la fuerza que están adquiriendo en el mercado laboral los servicios de logística, empaquetado y ventas por internet.
En 2013 se registró otro de los casos más polémicos, que necesitó de una acción coordinada entre las embajadas en Berlín y La Haya: jóvenes españoles hacinados en un barracón dentro de un camping cercano a la ciudad alemana de Düsseldorf, fronteriza con Holanda, en condiciones pésimas, sin acceso a sanidad y con sueldos míseros.
Habían sido contratados por una ETT de Holanda, país donde también trabajaban, pero para ahorrar costes, la empresa decidió declararlos como trabajadores transfronterizos, con residencia oficial en un camping de Alemania, donde vivían en condiciones que rozaban la ilegalidad.
Los empleados aseguraron que estaban en una situación "carcelaria" porque trabajaban 12 horas al día, no había supermercados cerca, ni tenían tiempo ni acceso a ninguna actividad de ocio porque solo podían "dormir, trabajar y comer", sin ninguna capacidad para integrarse, aprender el idioma o salir del camping donde se alojaban por exigencia de la empresa.
