El Gobierno socialista ha terminado por cejar en su empeño de sacar adelante la contrarreforma laboral antes de la celebración de elecciones generales el próximo 28 de abril. Después de semanas de negociaciones con los agentes sociales y los partidos políticos, y el reconocimiento del Ministerio de Trabajo de las dificultades para acordar la contrarreforma laboral por la división política, el Ejecutivo dio este viernes un primer paso con la aprobación del control de jornada, pero sin resultados en los otros tres puntos que pretendía modificar de la norma aprobada por el PP en 2012: la vuelta a la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la recuperación de la ultraactividad de los convenios y el cambio en la política de subcontratación.
En este sentido, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, señaló durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "se busca combatir el fraude" en los contratos de apariencia parcial, pero que realmente realizan actividades a tiempo completo. Así, todas las compañías tendrán la obligación de guardar el registro a disposición de trabajadores e Inspección de Trabajo durante un periodo de al menos cuatro años.
Además, sobre el resto de medidas de la reforma prevista para el mercado de trabajo, estas deberán esperar a después de las elecciones. La propia Valerio explicó este viernes que "hemos sopesado los pros y los contras" y se ha observado que las medidas no iban a encontrar apoyos en la diputación permanente. "Eso sí, hemos extraído lo que hemos considerado de urgente necesidad y lo hemos metido en este decreto ley", justificaba la ministra.
Activación del empleo
Asimismo, el Gobierno presentó el Plan Anual de Política de Empleo (PAPE) 2019 para su aprobación. El plan estará dotado con 5.794 millones de euros, con cargo en su totalidad al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe). Una cantidad equivalente a la de 2018 al haberse prorrogado el presupuesto. Y de esta cantidad total, 2.317 millones de euros serán distribuidos entre las comunidades autónomas, lo que representa un 9% más que en 2018.
También se efectuará la distribución de fondos de 2019 a las comunidades autónomas para políticas activas de empleo, incluidos los destinados a la ejecución del plan de choque por el empleo joven, por un importe de 2.019,8 millones de euros. Esta cantidad supone el 95% del importe que recibieron en 2018, lo que permite la disposición efectiva de los fondos con anticipación para una mejor ejecución de los mismos.
Y también con el objetivo de avanzar en la protección social de los desempleados, Trabajo bonificará a las empresas que contraten a personas desempleadas de larga duración (12 meses). La persona contratada tendrá que estar un periodo de tres años -duración del beneficio fiscal- en la empresa y la cuantía será de 1.300 euros al año para los hombres y de hasta 1.500 euros para las mujeres, con el objetivo de "paliar la brecha laboral". Todo ello supondrá un coste para este año de 25 millones de euros.
Protección social
Por su parte, en el ámbito de las medidas de protección social, hasta 114.000 personas más se beneficiarán de la ampliación aprobada este viernes del subsidio a los parados mayores de 52 años, sumándose a los 266.000 que ya lo cobran -también afectadas, porque se pasa a cotizar por el 100% al 125% del SMI- y con un coste estimado de 348 millones para este año. También se establece un incremento de la duración, a no ser que accedan al mercado laboral, que es el principal objetivo de las medidas, hasta que se cumpla la edad legal de jubilación.
"No les vamos a dar a elegir entre dejar de cobrar el subsidio o jubilarse anticipadamente con la consecuente penalización de la cuantía de la pensión", argumentaba la ministra Valerio durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Además, el Gobierno ha anunciado que se reforzará la prestación por hijo a cargo para las familias en situación de pobreza. En este punto, se amplía la ayuda por hijo para las familias en riesgo general hasta los 341 euros mensuales y hasta los 588 euros para aquellos en riesgo de pobreza severa.
Todos los incentivos a la contratación y bonificaciones en las cotizaciones de las medidas sociales aprobadas en las últimas semanas tendrán un coste de 1.130 millones de euros para este año.
