La convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril ha caído como una bomba en la Comisión del Pacto de Toledo. Después de dos años de intensas reuniones y de búsqueda de consensos entre el fragmentado espectro de partidos políticos, los últimos flecos de las recomendaciones para la reforma de las pensiones deberán cerrarse de forma apresurada e in extremis antes de la disolución de las Cortes Generales el próximo 5 de marzo.
Tal y como ha podido saber elEconomista, los grupos presentes en la Comisión pretenden acelerar el ritmo de las conversaciones para tratar de redactar un acuerdo consensuado en un plazo de dos semanas. Los contactos son constantes y en la moral de los portavoces y la presidencia está el intentar llegar a puerto, después de dos años navegando en aguas turbulentas, pero consiguiendo consensos difíciles de alcanzar en un arco ideológico que va desde el PP a la derecha hasta Unidos Podemos a la izquierda, como el de la recomendación segunda, que hace referencia a la revalorización de la cuantía de las pagas que se acordó ligar a la evolución de la inflación.
Sin embargo, fuentes cercanas a las negociaciones confirman que la posibilidad es exigua y que de salir un documento de recomendaciones en tiempo, éste no sería en forma, toda vez que estaría trufado de votos particulares contrarios en algunas de las cuestiones fundamentales de la futura reforma de la Seguridad Social.
En ese caso, las recomendaciones del Pacto de Toledo no contarían con una unanimidad, y más allá, estas deberían ser convalidadas con la nueva conformación del Congreso de los Diputados y con la premisa de que varios grupos de los que ahora están representado en el Parlamento y la Comisión no están convencidos del resultado de las negociaciones.
Y, eventualmente, según confirman fuentes cercanas a la Comisión y como solicitaron este viernes los dos sindicatos mayoritarios, estas recomendaciones se podrían canalizar a través de un Real Decreto Ley en las próximas semanas que modifiquen algunos aspectos cocretos como la separación de fuentes de financiación o la revalorización de las cuantías, los dos grandes consensos alcanzados en los dos años.
Ya lo advertía recientemente Podemos al Gobierno, asegurando no tener intención de "vender humo" sobre el sistema de pensiones, a raíz de los desacuerdos existentes con el PSOE en algunos aspectos clave, como la separación de las fuentes de financiación, el refuerzo de la contributividad y el establecimiento de un factor de suficiencia.
De otro modo, si no se logra alcanzar un acuerdo de aquí a dos semanas la situación llevaría a aparcar los trabajos de la Comisión, y eventualmente retomarlos con el inicio de la siguiente legislatura. Aquí, las previsiones son poco halagüeñas, toda vez que no se sabe si los trabajos se retomarían desde donde se dejen en estos momentos o habría que comenzar de nuevo la redacción de las recomendaciones por la incursión en el Congreso de nuevos actores políticos, que tendrían voz y voto en el Pacto de Toledo para la reforma de las pensiones.
Desde el PSOE, la portavoz de la Comisión, Mercè Perea, señala que todavía "es factible llegar a un acuerdo", ya que las recomendaciones están casi cerradas. "Es la mejor noticia que podría tener este país", apuntaba en referencia a que el Pleno del Congreso avale la vuelta al IPC para revalorizar las pensiones después de que la recomendación número dos que garantizaba esta subida anual conforme a la inflación real fuera apoyada por todos los partidos políticos.
