Londres
Theresa May se juega esta jornada en Bruselas y mañana en Dublín la carta definitiva para impedir el divorcio no pactado que ambas partes aseguran querer evitar. La primera ministra británica está obligada a recabar de la cúpula comunitaria garantías que hagan digerible en Westminster la salvaguarda irlandesa contenida en el acuerdo de retirada, potencialmente con la introducción de un límite temporal que aplaque la oposición que el controvertido mecanismo genera en la Cámara de los Comunes.
La reunión se produce en un contexto de alta tensión a ambas orillas del Canal de la Mancha, como evidencia una escalada retórica marcada por ultimátums. El ministro de Negocios británico consideraba ayer que el plazo máximo no es el 29 de marzo, sino en dos semanas, puesto que las empresas necesitan saber qué condiciones regirán sobre sus exportaciones a medio plazo.
Posibles concesiones
La beligerancia de cara a la galería complica el acercamiento, pero no lo hace imposible. Como prueba, el presidente de la Comisión Europea rechazó ayer dos de las tres opciones barajadas por el Número 10 para desbloquear el proceso, pero no se pronunció sobre la que plantea un tope de duración para la cláusula de seguridad, que aspira a impedir una frontera dura con Irlanda una vez efectuado el divorcio.
Tras reunirse con su primer ministro, Jean-Claude Juncker descartó permitir a Reino Unido abandonar unilateralmente el mecanismo, puesto que su cometido fundamental como medida de contingencia resultaría desbaratado de partida.
Su desdén por los "arreglos alternativos" analizados actualmente en Londres como posible sustituto es aún mayor, dado que no concibe un acuerdo sin salvaguarda, pero fue el mandatario irlandés, con quien May se reúne mañana, quien sintetizó a la perfección la cuestionable viabilidad del concepto: si bien recabó una mayoría en Westminster, según Leo Varadkar ésta se debió "solo a que puede significar lo que cada uno quiere que signifique".
La impresión en Bruselas es que, de conocerse en detalle qué supondrían estos "arreglos", el respaldo se hundiría, lo que explica la reticencia comunitaria a considerarlos como respuesta a la parálisis.
La idea de garantizar que la salvaguarda nunca se prolongaría en el tiempo, por el contrario, no aparenta generar similar animadversión y, como Downing Street recordó ayer, si la UE quiere acuerdo, también está obligada a ceder, admitiendo "cambios en la inquietudes expresadas por los diputados".
