El Gobierno ha puesto en jaque la única plataforma petrolífera existente en España. El Ejecutivo ha dejado transcurrir el plazo legal de un año para dar la autorización administrativa pertinente para prorrogar la vida del histórico yacimiento de Casablanca sin haberse pronunciado. De este modo, si el Consejo de Ministros del próximo viernes en Barcelona no se pronuncia favorablemente, Repsol tendrá que parar la instalación, ya que la licencia expira el próximo día 27 de diciembre a las 11:59 minutos.
Si el Ejecutivo rechazara la prórroga por diez años más de la plataforma petrolífera de Casablanca, pondría en jaque también otros yacimientos como los de Boquerón, Chipirón, Lubina y Montanazo, es decir, gran parte de la producción de petróleo en España, que sí que tienen licencia de operación al menos hasta el año 2025, pero que están conectados a esta estratégica plataforma para poder funcionar.
Requisitos cumplidos
La petrolera, según indicaron fuentes consultadas por este diario, ha cumplido todos los requisitos técnicos y administrativos para que se conceda la prórroga de la concesión, que sería la última prevista por la normativa vigente, es decir, 30 años de adjudicación más dos prórrogas de diez años cada una.
Solo la producción actual de petróleo en Casablanca, durante un año, supone un valor aproximado (a precios de hoy, en torno a los 60 dólares por barril) de 40 millones de euros. A eso hay que sumar el conjunto de actividades que se generan alrededor de esta instalación como transporte, logística, suministros de todo tipo, lo que afectará previsiblemente al aeropuerto de Reus desde el que parten los helicópteros que van a la plataforma o el puerto de San Carles de la Rápita donde tienen base los dos barcos que suministran a dicha plataforma. La no renovación supondría también el cierre de la base en tierra, que se encuentra en Els Garidells.
La producción actual, unos 2.000 barriles de petróleo al día (unos 110.000 euros al día), seguiría siendo necesaria para el día a día, es decir, si no se consume ese petróleo, se tendrá que importar este crudo, con el impacto que eso supondrá en una balanza comercial ya casi totalmente dependiente de las compras de petróleo y gas en el exterior.
Según las cifras de la Agencia Internacional de la Energía, el consumo de petróleo seguirá creciendo hasta 2030 por un aumento de otros usos como la petroquímica y la entrada de un mayor número de coches eléctricos no será suficiente para hacer frente a la caída del consumo.
Un golpe al empleo
Repsol invertirá cerca de 150 millones de euros durante esos 10 años de prórroga de la concesión, lo que en caso de paralización supondrá una importante pérdida para la zona así como un golpe al empleo en la zona, ya que esta instalación da trabajo a cerca de 120 personas, con puestos de trabajo altamente cualificados y bien remunerados, que a su vez sirven para redistribuir la riqueza en el territorio. Por ejemplo, en la plataforma trabajan a tiempo completo unas 60 personas y otras 16 dan servicio a la plataforma en dos barcos de apoyo.
La pérdida de esta plataforma además puede suponer una merma del compromiso de la petrolera con el territorio, en forma de convenios (con el Consell Comarcal del Baix Ebre, para garantizar la prestación de un servicio de transporte público adaptado para personas con movilidad reducida y otras necesidades sociales). También convenios y colaboraciones, por ejemplo, con la Cambra de Comerç de Tortosa y con el Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita, mediante becas para formación y colaboración en proyectos de investigación, etc.
Histórica concesión
La concesión de producción de hidrocarburos fue otorgada en diciembre de 1979 por un período de 30 años, prorrogables por dos períodos adicionales de diez años. Lo que se ha solicitado hace un año es la concesión de la última de las prórrogas. La producción actual ronda los 2.000 barriles equivalentes de petróleo al día, la única producción de petróleo que existe hoy en día en España.
La plataforma Casablanca genera actividad empresarial y contratos de servicios, especialmente en las comarcas de Tarragona, por valor de 16 millones de euros al año. De estos, 7 millones de euros corresponden a la contratación de empresas y servicios en las comarcas tarraconenses (logística, compra de combustible, catering, servicio de aduanas, gestión de almacenes y compra de todo tipo de materiales, principalmente).
El Ministerio indicó el martes que no le constaba la situación de esta importante plataforma petrolífera para España.
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