Londres
La parálisis en la que se ha instalado el Brexit por el rechazo del Parlamento británico al acuerdo pactado con Bruselas limita las posibilidades del proceso a una dicotomía entre un segundo referéndum que desbloquee la situación, o la salida no pactada, ya sea abrupta, o gestionada con antelación.
Frente a la huida hacia adelante en la que se ha embarcado Theresa May con la propuesta firmada con la Unión Europea el 25 de noviembre, su gabinete es consciente de la inviabilidad de la misma en Westminster y ha comenzado a trabajar en la sombra para hallar una alternativa a un escenario en el que, actualmente, lo seguro es que el Gobierno se encamina a una humillante derrota.
Públicamente, la primera ministra se muestra desafiante y, este mismo fin de semana, dedicaba a Tony Blair el ataque más virulento que se le ha conocido, por haber manifestado que un nuevo plebiscito es la única solución, cuando apenas restan 15 semanas para el Día del Brexit. De hecho, ayer mismo, el ministro de educación británico, Damian Hinds, aseguró en declaraciones a Sky News que el Gobierno británico no estaba preparando una nueva votación: "No, un segundo referéndum sería un factor de división. Hemos tenido el voto del pueblo, hemos tenido el referéndum y ahora tenemos que continuar con su implementación", aseguró.
Sin embargo, su número dos de facto, David Lidington, reconoce haber mantenido conversaciones con diputados, incluidos los laboristas, para tantear la temperatura en torno a una segunda convocatoria que se presentaría ante el electorado como la única vía ante el estancamiento.
Aunque ha insistido en que sus contactos entran dentro de la normalidad de un Ejecutivo necesitado de apoyos para una de las votaciones más importantes de la historia reciente, algunos de sus interlocutores han declarado que la aproximación de Lidington y otros altos cargos del Gobierno no era la de alguien interesado en conocer opiniones, sino la de quien tiene ya formada la suya y busca respaldos para materializarla. Su activismo, con todo, no sorprende cuando el gabinete de May se ha convertido en un reflejo de los frentes del Parlamento.
El proceso es una partida de ajedrez en la que salvar a la 'reina May' no es una prioridad
Como consecuencia, está el denominado Grupo de Cinco, los ministros que apuestan por volver a consultar a la ciudadanía, cuando quede claro que ninguna otra opción es viable. En su día, todos habían defendido la permanencia, lo que amenaza con aumentar todavía más las suspicacias sobre su potencial interés en evitar el divorcio.
Además de Lidington, están el ministro del Tesoro, en el ojo del huracán tras haber calificado de "extremistas" a quienes promovieron el motín interno contra May la semana pasada; la de Trabajo, recuperada para el Gobierno tras la dimisión en noviembre de su antecesora por su disconformidad con el acuerdo sobre la mesa; el titular de Justicia y el de Empresas, quien conoce de primera mano las inquietudes de unos negocios británicos que asisten con estupefacción al terremoto político que arriesga ya con paralizar su producción. Frente a ellos está el bastión que reclama una ruptura no pactada y quiere dejar claro ante Bruselas que Reino Unido está preparado para este desenlace.
Su reflejo en el Parlamento serían en los eurófobos del Grupo Europeo de Reforma (ERG, en sus siglas en inglés), medio centenar de parlamentarios que rechazarán cualquier propuesta, si bien los miembros del Ejecutivo se diferencian de las aspiraciones del ERG en que, quizá más alarmados ante el caos que podría generar, admitirían prepararse con antelación, incluso si ello implica ampliar necesariamente la permanencia actual para evitar el temido precipicio el 29 de marzo.
¿Qué dicen los Comunes?
Su problema es que resulta imposible que Westminster permita este escenario. Si hay un mínimo consenso en la fracturada Cámara de los Comunes es el rechazo a abandonar sin acuerdo, una coyuntura que habría quedado desechada tras la aprobación hace dos semanas de una enmienda que la descarta. El problema es que nada es vinculante y, a falta de una intervención activa, constituye la opción por defecto en caso de que el Parlamento tumbe el plan firmado oficialmente con Bruselas.
De cualquier manera, puesto que, en última instancia, Westminster tendrá la última palabra, el proceso ha tornado en una partida de ajedrez en la que salvar a la reina, en este caso Theresa May, ya no constituye la prioridad. Tras la semana más dura de su carrera política, la premier sigue rechazando el segundo referéndum por "antidemocrático" y resulta muy complicado que cambie de opinión por voluntad propia. Con todo, convocarlo exigiría obligatoriamente que el Gobierno lo propusiese, por lo que o bien los diputados ejercen su soberanía y lo fuerzan a presentar la legislación, o hay un recambio en Downing Street para poner a un primer ministro dispuesto a plantearlo.
Esta maniobra es la que más riesgo acarrea para los tories, puesto que podrían perder el poder, o ver cómo un eurófobo acaba en el Número 10 de Downing Street, una perspectiva que los moderados del partido temen casi tanto como el ascenso del laborista Jeremy Corbyn a la residencia oficial. De ahí los movimientos entre bambalinas para permitir una acción coordinada más allá de las siglas para intentar resolver conjuntamente el nudo gordiano del Brexit.
