Tras un periodo en el que el déficit español ha cumplido con las exigencias dictadas y comprometidas con Bruselas -unos años con más rigor que otros-, se avecina un 2019 en el que dominan las tinieblas.
Todo indica que el Gobierno no podrá aprobar Presupuestos Generales del Estado, lo cual provocará que no se pueda cumplir el objetivo de déficit comprometido con la Comisión Europea del 1,8% del PIB y que este indicador se pueda disparar al 2,4% si la prórroga presupuestaria se alarga durante el próximo año.
Sin embargo y a pesar de este escenario, según ha podido saber elEconomista, el Ejecutivo comunitario no se plantea tomar medidas al respecto ni evitar la salida de España del procedimiento de déficit excesivo, el único estado que todavía está en esta situación.
Así lo indican fuentes próximas a la Comisión, que reconocen que a pesar del escenario que se abre no existe un planteamiento de castigar a España, al menos en el campo presupuestario. Es más: si no hay Cuentas aprobadas en el Congreso y se tiene que recurrir a la prórroga, la Comisión no podría dictaminar nada al respecto, puesto que se trata de una cuestión interna del país. Todo ello siempre y cuando el déficit público español esté por debajo del 3%, una opción más que segura para Bruselas.
Con todo, la Comisión sí que ha avisado a España de que una prórroga de las Cuentas de 2018 provocará una peor evolución del déficit y de la deuda pública, puesto que parte de las medidas planteadas por el Ejecutivo en sus propuesta presupuestaria tienen este fin.
Por otro lado, tampoco se interrumpirá el paso de España al procedimiento preventivo, en el que ya están Bulgaria, Croacia, Chipre, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Holanda, Portugal, Rumania y Suecia, a pesar de que la deuda pública española está muy por encima de los límites establecidos para este pertenecer a este club -no puede superar el 60% del PIB-.
En este nuevo status quo al que se incorpora el país a partir de abril, el control no será tan exhaustivo como hasta ahora. En este caso, dado que se considera que el déficit público está amarrado y bajo control, los objetivos a cumplir serán a medio y no a corto plazo. Además, la Comisión hará informes periódicos sobre la situación económica del país por sectores, haciendo énfasis en las potenciales burbujas financieras que puedan surgir en cada uno de ellos.
Más flexibilidad
Otro beneficio del cambio es que posibilitará que España tenga más flexibilidad de gasto de cara a las exigencias europeas de deuda y déficit en 2019. Eso sí, Bruselas le puede pasar factura por ello en 2020. En todo caso, el país nunca debe pasar -o aproximarse en demasía- el temido 3% de déficit.
En cualquier caso, esto no implica que el Gobierno quede libre de las críticas de la propuesta presupuestaria que en octubre mandó a Bruselas. De hecho, si finalmente se aprobaran unos Presupuestos en España tendrían que haber sido modificados sustancialmente respecto a su versión original para lograr el visto bueno de Bruselas,
Y es que, con las Cuentas que presentó el Ejecutivo, el déficit del 1,8% -que es el objetivo con el que las había diseñado el equipo de Sánchez- es imposible. Como poco será del 2,1%. Además, no se logrará ningún tipo de ajuste estructural y la deuda será más elevada de lo previsto.
El nuevo 'status quo' permitirá un control menos restrictivo de la economía española
Además, en Bruselas consideran que en 2019 se generará menos puestos de trabajo que los pronosticados por España, una reducción que achacan a diversos factores, entre los que se encuentran tanto la erosión del empleo como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros que entraría en vigor el próximo año.
Las críticas de la Comisión llegaron al mismo tiempo que los descensos del crecimiento previstos para 2019 y 2020 por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la OCDE. De hecho, el ente dirigido por Christine Lagarde había pedido cautela con la aplicación de la subida del SMI por sus efectos.
En cambio, la valoración de Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, es bien diferente. "La utilidad del SMI es ser un mínimo de protección social para evitar que haya empleos de extrema precariedad con los que las familias no puedan tener una vida digna", argumentó recientemente. "Era necesario hacer un ajuste" para acercar el mínimo español a la media de la OCDE.
De hecho, el mexicano alabó la política económica de España en un momento de ralentización global. "España se está defendiendo y le va mejor que al resto de los países de Europa y del mundo en medio de una desaceleración económica, así que alguna cosa estará haciendo bien y habrá que exportarlo", indicó.
