El Ministerio para la Transición Ecológica ha sacado a información pública una orden ministerial que rebajará alrededor del 2% el recibo final de los 1,6 millones de consumidores domésticos acogidos a la tarifa regulada de gas natural, al actualizar el parámetro correspondiente al coste de la materia prima en la fórmula matemática que se utiliza para establecer dicha tarifa cada trimestre.
Las Tarifas de Último Recurso (TUR) de gas natural las fija el Gobierno cada tres meses, siempre que el coste de la materia prima -el hidrocarburo- experimente una evolución al alza o a la baja del 2%. Para calcular esta oscilación, se aplica una fórmula matemática que tiene en cuenta el coste del aprovisionamiento de gas vinculado a contratos de suministro a medio y largo plazo (gas de base) y el coste de aprovisionamiento de gas a corto plazo (gas estacional), ligado a precios spot o de futuros.
Desde que se empezó a aplicar esta fórmula, en 2009, la referencia para el gas de base ha sido la cotización histórica del barril de petróleo tipo Brent, de acuerdo con la práctica internacional de tomarla como referencia en los contratos de aprovisionamiento de gas a largo plazo. Sin embargo, desde entonces ha cambiado el perfil del aprovisionamiento de gas del país, puesto que ahora la mayoría del hidrocarburo llega por gasoducto -en 2008 los metaneros aportaban el 70%- y los comercializadores han renegociado sus contratos de aprovisionamiento a largo plazo.
La Cartera dirigida por Teresa Ribera ha analizado los costes de aprovisionamiento del gas de esta última década en función de los datos de la Agencia Tributaria -a partir de las transacciones de las aduanas- y ha llegado a la conclusión de que procede modificar los parámetros relativos al coste de la materia prima, por los cambios experimentados en el tipo de aprovisionamiento y en los precios de los contratos en los que se basan.
Los datos obtenidos a partir de las aduanas, por otro lado, son consistentes con los manejados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Y para evitar que se interprete como un paso atrás en la intención de ceder todas las competencias sobre peajes energéticos al Regulador, la memoria de la propuesta de Orden señala que la modificación que se plantea "no debe ser interpretada como una revisión conceptual, ni un cambio metodológico, sino tan solo se persigue una actualización en base a los nuevos datos disponibles del mercado".
El análisis del impacto económico de la propuesta expone que si se hubieran aplicado los nuevos parámetros durante este 2018, se habría rebajado un 7,9% el gas de base aplicado a la fórmula, que, según explica el Ministerio, se traduce en una bajada del 1,5% para la TUR 1 -para un consumo inferior a 5.000 kWh al año- y del 2% para la TUR 2, la más frecuente, que abarca de 5.000 a 50.000 kWh anuales.
El Ministerio especifica que esta rebaja no se puede extrapolar directamente a las próximas revisiones, porque también influyen las cotizaciones internacionales del gas y el petróleo y la variación de los peajes.
Por su parte, la industria consume el 60% del gas del país -la demanda doméstica es el 19%- y reclama que se le rebaje el coste del insumo energético. Aglutinadas en la asociación GasIndustrial, pide que se reduzcan los peajes (eliminando costes ajenos, redefiniéndolos, bajando retribuciones reguladas...) y que se iguale el precio del gas con el resto de la UE, aportando mayor liquidez en los futuros de MibGas o facilitando que participen en él como consumidores directos.
