Londres
Theresa May inicia hoy la verdadera batalla para garantizar un Brexit ordenado e ineludiblemente evitar su caída política con una campaña de dos semanas con la que aspira a convencer a Reino Unido de que lo aprobado es "el mejor acuerdo posible", frente a la interpretación mayoritaria del espectro político británico, que lo considera "lo peor de los dos mundos".
Desafiando los augurios de una derrota segura en Westminster, la misma sobre la que no ha descartado dimitir, la primera ministra quiere apelar directamente a la ciudadanía, con la esperanza de generar una presión social que impida a los diputados ignorarla en la crucial votación del próximo 12 de diciembre.
Con más de 90 diputados en sus propias filas dispuestos a rechazar su propuesta y la práctica totalidad de la oposición resuelta a tumbar el acuerdo, todos los escenarios aparecen abiertos y, si bien la aritmética parlamentaria está en su contra, May se cuidó ayer de respetar escrupulosamente el guión que llevaba preparado.
Pese a las concesiones, "necesarias en toda negociación", el tratado de retirada y la declaración política consensuados con los Veintisiete cumplen con el resultado del referéndum, al garantizar los tres elementos que, según ella, habían decantado el veredicto: ponen fin a la libre circulación de personas, dado el peso que el debate sobre la inmigración había tenido durante la campaña; acaban con los pagos a las arcas comunitarias, uno de los factores más expuestos a la demagogia del frente anti-UE; y dejan en manos de Reino Unido cualquier cuestión relacionada con la jurisprudencia.
Frente a las complejidades técnicas de los arreglos arancelarios, o la cláusula de seguridad para evitar una frontera dura con Irlanda, la premier quiere transmitir un mensaje simple a la ciudadanía: el acuerdo garantiza el control sobre las fronteras, sobre el dinero y sobre las leyes, y rechazarlo solo generaría "más incertidumbre y más división", un mensaje sencillo de decodificar y, de acuerdo con su aspiración, suficiente para decantar el debate a su favor.
Cumple la voluntad popular
Su objetivo es evidente: lo pactado no es perfecto, pero no se obtendrán más prerrogativas de Bruselas y, al menos, se está cumpliendo con la voluntad popular, frente a cualquier intento de un fracturado Parlamento de imponer las dispares agendas que ha generado la división del plebiscito, desde quienes aspiran a abandonar la UE sin acuerdo, a los que demandan una segunda votación popular. En definitiva, su estrategia pasa por retratar a los diputados que rechacen la propuesta como responsables de la mayor crisis institucional afrontada por Reino Unido en tiempos de paz.
La premier prevé mantenerse fiel a su táctica de continuar evidenciando públicamente que no hay plan B, para aumentar el sentido de urgencia ante el trascendental voto en Westminster, esperado para el 12 de diciembre, precisamente en la víspera del último Consejo Europeo del año.
Sin embargo, bajo esta superficie de inflexibilidad subyacen las numerosas tramas orquestadas tanto por Downing Street, como por los diferentes reinos de taifas en el que se ha convertido un Gobierno cada vez más próximo al punto de ebullición.
Si hasta ahora la mayor presión procedía de los eurófobos de su gabinete, las dimisiones de los últimos meses han reposicionado el equilibrio de fuerzas y son ahora los partidarios de una salida blanda quienes han tomado la delantera. Encabezados por el titular del Tesoro, quien este mismo fin de semana advertía, una vez más, del caos económico que generaría una salida sin acuerdo, hasta cinco ministros estarían preparando ya la alternativa al rechazo que ven como inevitable en el Parlamento. Su plan pasaría por un acuerdo comercial inspirado en el que sellaron la UE y Canadá, es decir, una ruptura menos dura; o, de resultar inviable, preparar un panorama sin pacto, pero gestionado.
Dada que la salida sin acuerdo es la opción por defecto en caso de votación en contra de Westminster, esta opción está posicionada ya junto a otras soluciones, como la renegociación con la UE, o el segundo referéndum. El mecanismo supondría ampliar la pertenencia al bloque, lo que implicaría seguir pagando, para, sin desencadenar el caos del precipicio, preparar el terreno necesario para pasar ordenadamente al amparo de la Organización Mundial de Comercio.
