La Guardia Civil registró ayer ocho empresas y 13 despachos profesionales en Barcelona, Lleida, Vizcaya y Sevilla, en el marco de la investigación de la Audiencia Nacional por el caso del 3%, vinculado a la supuesta financiación irregular de la antigua CDC y que también implicó la imputación de su formación sucesora, el PDeCat. Las pesquisas tratan de esclarecer si varias empresas privadas se habrían beneficiado del reparto de diversas licitaciones públicas en connivencia con la Generalitat, a partir de acordar la cuantía de las ofertas que deberían presentar para excluir a potenciales competidores.
La Guardia Civil requirió varios expedientes objeto de la investigación a la empresa pública Infraestructuras de Cataluña, como órgano licitador y adjudicador de proyectos de la Generalitat. En la operación, también se reclamó a la Autoridad Catalana de la Competencia que aporte las investigaciones realizadas sobre el entramado de empresas que estarían involucradas en el amaño de determinados concursos públicos catalanes.