El Ministerio de Fomento ultima un acuerdo con Itínere para que continúe realizando la conservación de la AP-1 entre Burgos y Armiñón durante un periodo de seis meses a partir del próximo 30 de noviembre, día en el que la autopista revertirá al Estado tras agotar su plazo de concesión. El departamento que dirige José Luis Ábalos se ha visto obligado a recurrir a un contrato de emergencia al no haber podido sacar a tiempo un concurso ordinario por las trabas que interpuso al pliego la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
Fomento e Itínere, actual operadora de la autopista que levantará las barreras el próximo día 30, están negociando las condiciones del nuevo contrato, que atañe también al personal de la concesionaria en la vía. La compañía que controlan en este momento Corsair, Globalvia, Sacyr y Liberbank anunció hace unas semanas un expediente de regulación de empleo (ERE) para los 111 trabajadores que conforman la plantilla de la AP-1 entre Burgos y Armiñón (Álava), de 84 kilómetros. La pretensión del Ministerio es que el personal pueda subrogarse a la futura empresa que realice la conservación.
Si nada se tuerce, Itínere se encargará del mantenimiento de la carretera durante seis meses más, de manera que asumirá estos trabajos durante todo el periodo de vialidad invernal. Fomento tendrá así tiempo suficiente para licitar el nuevo contrato de conservación y adjudicarlo. De acuerdo con fuentes conocedoras, la IGAE, organismo dependiente de Hacienda, ha desbloqueado el pliego de contratación, de modo que el Ministerio está en disposición de sacar adelante los concursos de conservación que anunció a finales de agosto y principios de septiembre por un importe próximo a los 300 millones de euros. Entre ellos se incluye el de la AP-1, la primera autopista de peaje que revertirá al Estado y será gratuita al vencer su concesión. En 2019 le llegará el turno a la AP-7 Tarragona-Alicante y la AP-4 Sevilla-Cádiz.
El contrato de esta autopista abarca el periodo 2019-2020, aunque será extensible por tres años, y contempla un importe de 13 millones. Para el primer año, el presupuesto base de licitación asciende a 7,2 millones e incluye una partida de 1,4 millones para el desmantelamiento de los peajes. En 2020, se limita a 5,8 millones.
Mientras tanto, los Gobiernos de España y el País Vasco llegaron ayer a un principio de acuerdo para la transferencia a Euskadi del tramo de la AP-1 entre Armiñón y el límite provincial de Burgos.
