Madrid
El balance que Juan Rosell hace de los ocho años de mandato al frente de CEOE es que deja una organización mucho mejor de la que se encontró. El presidente de la patronal, que abandonará su cargo el 21 de noviembre cuando sea sustituido por Antonio Garamendi, destacó que en 2010 se encontró con una "CEOE compleja", en parte por la "situación del anterior presidente" -Rosell no le citó por su nombre- que abandonó la presidencia después de que el grupo Marsans, del que era propietario, se declaró en quiebra. Gerardo Díaz Ferrán siguió lastrando la imagen de la organización, cuando en diciembre de 2012 entró en prisión preventiva y en julio de 2015 fue condenado.
Una situación interna enrarecida, pero también muy difícil en el exterior, en plena crisis financiera. "Fueron años muy duros, primero con Zapatero, y luego con el Gobierno de Rajoy", matizó. Pasado el tiempo y ya fuera de los focos, Rosell confesó que, en ambos casos, desde la CEOE se ha mantenido una relación de colaboración discreta con el Ejecutivo en todo momento.
"Otros se reúnen con el presidente y se hacen la foto, nosotros aportábamos buena información sensible para el Gobierno". El presidente de la patronal explicó que las buenas relaciones de la CEOE con los empresarios alemanes e italianos, y por extensión con los gobiernos de esos países, "no tanto con los franceses", dijo, permitieron allanar las relaciones bilaterales.
Rosell destacó el proceso de transformación de la propia organización empresarial
Al margen de sus logros legislativos -en materia laboral, medioambiental, fiscalidad-, Rosell incidió especialmente en el proceso de transformación de la propia organización empresarial que ha dirigió estos ocho años, de la "gobernanza", dijo. Y citó el código ético, las auditorías y, muy especialmente, el saneamiento financiero. "Dejamos una tesorería confortable, con 21 millones de euros en caja para el nuevo equipo". Pero también, en cambios de la empresa española, como su posición internacional o la mayor presencia de las mujeres. En su haber, también citó los AENC (acuerdos de Negociación Colectiva). Sobre el último, reconoció que la aprobación de la subida del SMI a 845 euros en tres años, hasta 2020, supuso un momento duro por la dificultada de convencer a las ejecutivas de CEOE y Cepyme, "pues mucha gente no lo veía claro".
En este sentido, Rosell criticó la decisión del Gobierno de subir el SMI a 900 euros, pero no porque suponga un problema de gran calado económico, sino porque rompe el acuerdo del AENC. Además, aprobarlo de una tacada implica una mayor complejidad técnica, pues aunque son pocos los convenios afectados, la mayoría están vigentes a lo largo de 2019 y 2020, lo que genera conflictos.
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