Todavía faltan 20 días para que el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, tome posesión del cargo y el país ya se ha sacudido varias veces como consecuencia de las medidas del futuro mandatario, diseñadas para dar gusto a su base electoral. La más reciente de ellas llevó ayer a los mercados financieros a su peor nivel en siete años, lo que ha obligado, sin embargo, a López Obrador a dar marcha atrás.
Instantes después de que el líder del Senado, Ricardo Monreal, presentara una iniciativa para prohibir a los bancos cobrar unas comisiones "excesivas" y "abusivas", el mayor banco mexicano, Grupo Financiero Banorte, comenzó su desplome en bolsa que llegó al 12 por ciento. Las caídas cobran mayor sentido si se recuerda que México es el tercer país que más ganancias deja a los bancos por comisiones como porcentaje de sus ingresos, con un promedio de 30 por ciento, siendo el más afectado el español BBVA Bancomer.
López Obrador y su partido, Morena, son conscientes de que entre sus votantes hay un descontento enorme con la banca. Solo en 2017 se registraron 8,6 millones de reclamaciones contra los bancos, un 20 por ciento más que el año anterior, según cifras oficiales, por lo que la propuesta de prohibir las comisiones resonó bien entre una gran parte de la población, no así entre los bancos que perdieron 82.000 millones de pesos en capitalización (1.400 millones de euros) el pasado jueves. Pero eso precisamente lo que hizo que esta vez López Obrador diera marcha atrás y rectificara a Monreal.
Alta tensión
No es la primera vez, desde la elección presidencial del 1 de julio, que en México se materializan las consecuencias de esta tensión entre el cumplimiento de promesas para "el pueblo", al que López Obrador ha reiterado que se debe, y la inercia de los mercados financieros. En octubre el presidente electo organizó una consulta ciudadana sobre la cancelación del mayor proyecto de infraestructura de la administración de Enrique Peña Nieto, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una obra que AMLO criticó durante toda la campaña por "faraónica" y por estar "plagada de corrupción". En la consulta, criticada por no tener rigor legal o estadístico participó más de un millón de personas, de las cuales 750.000 votaron a favor de una cancelación que tira por la borda 2.600 millones.
La alta burocracia y el sector judicial tampoco están contentos con el futuro presidente. El 5 de noviembre, el Congreso de la Unión con mayoría de Morena, y en funciones desde septiembre, publicó una nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que establece que ningún funcionario podrá ganar más que el titular del Ejecutivo, para el que se fijó un tope salarial de 108.000 pesos mensuales (unos 4.678 euros) un 40 por ciento menos de lo que gana Peña Nieto.
Las primeras alarmas se encendieron en el Banco de México, donde ya está en marcha una desbandada de personal, solicitando su jubilación anticipada o bien moviéndose hacia el sector privado para mantener su nivel socioeconómico. No son pocas las voces que han mostrado preocupación porque el banco central pierda profesionales de alta cualificación.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, cuyo sueldo du-plica al de Peña Nieto, están listos para pelear en los tribunales y mantener intactas sus remuneraciones. Bajo el brazo llevan nada más y nada menos que el artículo 94 de la Constitución, según la cual los salarios de los ministros no pueden ser disminuidos durante su mandato. El resto de los funcionarios del poder judicial prepara ya los mecanismos legales para defenderse del recorte y para ello contemplan acudir, si fuera necesario, ante la ONU.
La prueba de fuego para la narrativa económica de López Obrador no tardará en llegar. Antes del 1 de diciembre, el Congreso deberá aprobar los presupuestos , en donde se verán reflejadas sus prioriedades y se comprobará el peso que medidas como la venta del avión presidencial, la eliminación de pensiones a expresidentes o los topes salariales tendrán sobre las finanzas.
