Los complementos de ahorro para la jubilación han entrado en la negociación del Pacto de Toledo, y el modelo de planes de pensiones que ya se encuentra implantado en el País Vasco, es el que más convence a los grupos presentes en la Comisión. Tanto es así, que la recomendación 16, la que trata el fortalecimiento de otros pilares de cara al retiro laboral, abogará por exportar este modelo al resto del tejido productivo español.
Concretamente, el modelo implementado en el País Vasco, conocido como Geroa, se centra en el segundo pilar de ahorro para la pensión, a través de la empresa. Estos planes de pensiones funcionan de modo que empresa y trabajadores de los sectores adheridos a la entidad Geroa aportan mensualmente un porcentaje de su salario a favor de cada trabajador y siempre para cubrir su propia jubilación, frente al sistema de reparto de la Seguridad Social, donde los trabajadores en activo aportan para cubrir las pensiones de los pasivos actuales. Esta entidad de ahorro vasca es ajena a un grupo financiero u organismo público, pero gestiona e invierte en activos con el objetivo de conseguir mayores prestaciones.
Como se ha mencionado, las aportaciones se llevan a cabo en medida similar por empleado y empresario, suponiendo para el trabajador una desgravación en el IRPF. Así, el dinero acumulado a través del plan de pensiones de empresa se compone de las aportaciones de ambas partes, y de los rendimientos obtenidos por la inversión de estos fondos.
Propuesta del PNV
En este sentido va la propuesta que deslizó el PNV en el seno del Pacto de Toledo recientemente, y que ha tenido una buena acogida entre la mayoría de los grupos, aunque no exento de discrepancias. Este modelo que se trataría de implementar en el resto del tejido productivo español, se articularía con aportaciones voluntarias pactadas en la negociación colectiva entre patronales y sindicatos, y con una tutela estatal, si bien estarían gestionados por el sector privado.
Este control público se sustanciaría en el acotamiento de los niveles de aportación y, principalmente, en los parámetros de inversión del ahorro. Además, sería un ahorro ligado a la carrera del empleado, conservándose en el cambio de empresa.
Sin embargo, aunque la medida parece claramente beneficiosa para el trabajador en el ahorro, y para la Seguridad Social, ya que no implica un incremento de los costes, algunos partidos han expresado sus discrepancias. Por un lado, grupos como Podemos, ERC y Compromís apuntan hacia una conveniencia de estos planes de pensiones, siempre y cuando la negociación colectiva se lleve a cabo en los términos previos a la reforma laboral de 2012, cuando se limaron los mecanismos de presión de los sindicatos.
Sin embargo, la envergadura de esta demanda conllevaría una contrarreforma laboral, una cuestión que ya ha sido descartada en numerosas ocasiones por parte de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio.
Por otro, el PP y otro partidos parecen reacios a la propuesta, no tanto por la aplicación teórica, sino por la elevada probabilidad de no ser viable en el resto del tejido productivo nacional. De entrada, el 95% de las empresas españolas cuenta con menos de 10 empleados, es decir son pequeñas o medianas compañías, y además la crisis ha fumigado el 8% del total del tejido productivo, con los consecuentes cortes en la carrera de cotización de sus empleados.
Sin embargo, estas condiciones no se han reproducido en el País Vasco, con una destrucción de puestos de trabajo y cierre de compañías menor que en el resto del país, lo que conlleva unas carreras de cotización más largas, en este caso de aportación a los planes de pensiones de empresa, y sostenidos en el tiempo.
Dentro del Pacto del Toledo se sustentan las dudas a la implantación del modelo vasco por las diferencias entra la empresa vasca y la nacional. La primera emplea a más de 50 trabajadores de media, y su estructura productiva es menos sensible a las crisis.
No obstante, pese a estas suspicacias que rodean la implantación del modelo vasco, parece claro que el documento final que el Pacto de Toledo espera elevar al Consejo de Ministros antes de que finalice el año incluirá una cláusula para potenciar los planes de empresa.
Votos particulares
Un acuerdo que no existirá, en esta misma recomendación, en el apartado que se refiere a las desgravaciones fiscales a los planes de pensione privados. En este pilar, que sería el tercero que completaría la renta disponible durante la jubilación según el modelo de pensiones europeo, se da por seguro que tanto Podemos, como ERC y Compromís emitirán votos particulares en contra de mantener o incluso ampliar -aún se encuentra en periodo de negociación- las desgravaciones fiscales en el IRPF a las aportaciones a este tipo de vehículos financieros a medio y largo plazo.
Estas formaciones defienden que se trata de un reclamo que tan solo beneficia a las rentas más elevadas, toda vez que son las únicas con capacidad real de ahorro a final de mes, y que además resta cada año 2.000 millones de euros de recaudación a la Seguridad Social, según los cálculos aproximados en concepto de exenciones.
Sin embargo, esta visión parece incompatible con la tendencia que experimenta el ahorro privado en España. El 16,4% de los españoles mantiene una parte de sus ahorros para la jubilación en planes de pensiones individuales, un porcentaje que se eleva al 20% si incluimos los planes de pensiones de empleo, según los datos recogidos en el informe del Observatorio Inverco sobre la inversión en planes de pensiones individuales por comunidades y provincias, a cierre de 2017. Un crecimiento, que se sustenta, en parte, por la actual crisis de la Seguridad Social.