El PP logró el miércoles aprobar en las Cortes de Castilla y León el impuesto que gravará los residuos nucleares de la central nuclear de Garoña y por los que su empresa propietaria, Nuclenor, tendrá que pagar 15 millones de euros anuales.
La aprobación fue posible gracias a la abstención de Podemos, formación que a cambio logró que el impuesto se endureciese sobre lo estipulado inicialmente por el Ejecutivo regional. De esta manera, la recaudación se incrementará de 10 a 15 millones de euros anuales al pasar de 4.000 a 6.000 euros el gravamen a cada uno de los 2.500 elementos nucleares que permanecen en la central, sin actividad desde hace cinco años y medio. El dinero recaudado irá destinado a la reindustrialización de la comarca burgalesa donde esta enclavada la central.
Recurso de incostitucionalidad, al caer
El nuevo impuesto, que pretende "acelerar" la salida de los residuos nucleares, nace bajo la sombra de un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno, después de que la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo reconociese durante el Pleno que la Secretaría de Estado de Hacienda remitió el pasado 23 de octubre un informe advirtiendo de la "posible incompatibilidad" de este tributo autonómico con el existente a nivel nacional.
En este sentido, Del Olmo exigió al Gobierno que no acuda al TC como tampoco ha hecho con el impuesto sobre el riesgo medioambiental de elementos radiotóxicos aprobado por Cataluña.
La implantación del nuevo tributo fue objeto de duras críticas de la oposición socialista. La procuradora Virginia Jiménez, aseguró que el tributo es "una cortina de humo" que no va a recaudar ni un solo euro y puede servir de excusa para que la central se convierta en un almacén de residuos.
Ciudadanos auguró que será recurrido al TC al crearse una doble imposición
Un impuesto, dijo, que es resultado de "una pataleta y un capricho" de la consejera después de pasar años defendiendo la continuidad de la central y su importancia para la zona y encontrarse con la decisión de cierre de Nuclenor.
"Como resultado de esa pataleta, la Junta, que se había negado sistemáticamente a gravar con el impuesto medioambiental a Garoña cuando producía, ahora plantea un impuesto a dejar de producir", remarcó Jiménez. Para el procurador de Ciudadanos Manuel Mitadiel, el impuesto no lo van a pagar las eléctricas, sino los ciudadanos y auguró que será recurrido al TC al crearse una doble imposición.
