El ministro del Tesoro británico, Philip Hammond, intentará hoy resolver uno de los encajes más complicados de su carrera política: defender antes sus señorías los Presupuestos para el último año antes de que Reino Unido abandone la Unión Europea.
Unas cuentas difíciles de componer cuando todas las incógnitas están por despejar y la presión para aliviar la austeridad procede de la propia primera ministra. Difícilmente Hammond ha afrontado un reto de similar magnitud y, sin embargo, irónicamente, nada de lo que diga hoy en el Parlamento tendrá demasiada importancia en caso de que finalmente se produzca un Brexit caótico.
Como consecuencia, Hammond está obligado a concretar cómo ha preparado la economía para un divorcio del que se ignora lo fundamental: si estará regido por un acuerdo y si este pasará el corte del Parlamento de Westminster. De hecho, las cuentas se presentan antes de lo habitual precisamente para evitar coincidir con los últimos lances de una negociación cuyo desenlace tendrá incomparablemente más trascendencia para las finanzas públicas que cualquier gran anuncio que el jefe del Tesoro se pueda sacar de la chistera hoy.
22.500 millones en Sanidad
Su margen de maniobra, con todo, es muy limitado, sobre todo después de que Theresa May se encargase de complicarle todavía más la tarea en el congreso anual conservador celebrado a principio de mes. No satisfecha con haber anunciado ya un aumento de 20.000 millones de libras (22.500 millones en euros) para el gasto en Sanidad a la altura de 2023, la premier proclamó el fin de la austeridad, tras ocho años de dolorosos recortes, y avanzó que la revisión plurianual de gasto que se presenta el próximo año dará valor de ley al compromiso.
Resulta difícil establecer si quien ha sido apodado popularmente "Hoja de Cálculo Phil" se enteró al mismo tiempo que los asistentes, pero lo que es evidente es que la promesa figura en la línea procedimental opuesta a la de un ministro renombrado por su fijación con la rectitud fiscal, acuciada cuando Reino Unido ignora cómo resolverá su ruptura con la UE, su socio comercial de referencia, y crucialmente cómo serán los nuevos lazos de relación con su principal destino exportador una vez iniciada la travesía en solitario.
Dada la dificultad de calcular el impacto del Brexit sobre la economía, el desafío es equiparable al de maniobrar en la oscuridad, con la complicación añadida por el triunfalismo de May en austeridad e inversión en sanidad. No en vano, el regulador fiscal del Gobierno ha aclarado que no prevé facilitar predicción alguna sobre los efectos del divorcio sobre el erario hasta que se conozca la estrategia definitiva del Gobierno. La única facilidad que la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria ofrecerá a Hammond es una mejora del diagnóstico de la salud de la economía, que le permitirá ampliar su potencial de intervención en unos 13.000 millones de libras (14.700 en euros).
Así, el golpe anticipado antes del referéndum en caso de victoria de la salida no ha sido tan repentino como se había alertado. Sus consecuencias, aunque palpables, han sido más graduales y si algo destaca es que la anemia experimentada por el crecimiento (el 1,7% vigente cuando se celebró el plebiscito ha caído al 1,2% actual) y sus efectos sobre los estándares de vida no se han dejado notar especialmente en la lucha contra el déficit. Es más, el agujero presupuestario es ya inferior a los niveles precrisis, si bien la preocupación verdadera está en la deuda, que supera ya el 80%, duplicando así los números previos al colapso financiero.
Vender optimismo
Este cuadro de contrastes dificulta la misión de un Hammond consciente de que está obligado a vender optimismo, especialmente tras haberse convertido en azote de los eurófobos, que no le perdonan su apuesta por que Reino Unido mantenga lazos lo más estrechos posibles con la UE y sus alertas contra los perjuicios de una salida dura.