El próximo 29 de marzo entrará en vigor el periodo transitorio del Brexit y a estas alturas, solo cinco meses antes, la UE y el Reino Unido siguen sin llegar a un acuerdo definitivo sobre las condiciones. Andalucía contiene la respiración para que esta situación le afecte lo menos posible porque las cifras de las relaciones entre nuestra Comunidad y la británica son tremendamente positivas hasta la fecha: no hay más que recordar los más de 80.000 residentes ingleses en la Costa del Sol, los más de 2,5 millones de turistas británicos a Andalucía cada año, los más de 9.000 andaluces trabajando en Reino Unido, las exportaciones andaluzas por valor de más de 2.500 millones de euros, etc., y los 14.000 andaluces que trabajan cada día en Gibraltar, entre otros datos.
Sin embargo, tras dos años de duras negociaciones entre Bruselas y Londres, se han encendido todas las alarmas advirtiendo de la posibilidad cercana de que el Brexit se lleve a cabo sin acuerdo.
Ese es uno de los motivos por los que España sigue sin hacer público el protocolo alcanzado este pasado mes con Reino Unido sobre uno de los temas más espinosos de esta salida: qué ocurre con la histórica colonia británica.
El Ejecutivo cree que ya está encauzado ese protocolo que formaliza la salida del Peñón, así como tres de los cuatro memorandos de entendimiento que regulan aspectos concretos de la futura relación. El propio presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lo explicó la pasada semana en el Congreso.
Estos memorandos de entendimiento son unos acuerdos políticos que versan sobre derechos de los trabajadores transfronterizos, medio ambiente y pesca, cooperación policial y aduanera, y finalmente otro sobre tabaco y fiscalidad. Sobre los tres primeros ya hay un acuerdo, mientras que el cuarto -tabaco- todavía está pendiente de concretarse, y el referido a la fiscalidad no puede plasmarse en un acuerdo político, por lo que se tendrá que recurrir a un acuerdo internacional.
A diferencia del protocolo, que irá anexo al acuerdo del Brexit, los memorandos no son imprescindibles para que entre en vigor el tratado de salida de Reino Unido.
El Gobierno español ha priorizado en estas negociaciones la situación en que quedarán los trabajadores transfronterizos.
No en vano, las personas que cruzan la Verja cada día pueden llegar a cifrarse en 14.000. En ese memorando se ha acordado que aquellos trabajadores transfronterizos que tengan contrato laboral al final del periodo transitorio -previsto en diciembre de 2020- mantendrán sus derechos, si bien la preocupación de las autoridades españolas es que muchos españoles tienen contrato temporal y se ha tenido que desarrollar una fórmula que soluciones esta situación.
También se pondrá en marcha un comité para intercambiar información y abordar los pagos pendientes de Gibraltar a España.
En lo referido al memorando sobre medio ambiente y pesca, se aspira a evitar el bunkering y la construcción pendiente de una depuradora en el Peñón. En el de cooperación policial y aduanera se pretende mejorar el contenido del suscrito en el año 2000.
En el memorando dedicado al tabaco, se busca reducir el diferencial de los precios y el enorme volumen de contrabando. En 2016, la Agencia Tributaria Española cifró la repercusión del contrabando de tabaco en las cuentas gibraltareñas en el 30% de su presupuesto y en torno al 20% de su Producto Interior Bruto (PIB). A Gibraltar entraron el año pasado 72 millones de cajetillas de tabaco por las que obtuvo 180 millones de euros en derechos de importación.
El último, que sigue sin cerrarse, es sobre la fiscalidad y en éste se espera que Gibraltar informe del número de empresas españolas que están registradas en su territorio. Si las autoridades gibraltareñas colaboran, España no vería razonable que el Peñón siguiera siendo considerado un paraíso fiscal.
El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, rechaza de plano la posibilidad de cualquier variación del actual 10% de impuesto de beneficios de las sociedades, pero a cambio, se muestra dispuesto a colaborar en mejorar las vías de información. Actualmente se estima que el número de sociedades con sede en Gibraltar puede superar las 50.000.
España y Reino Unido no han alcanzado un acuerdo sobre una histórica reclamación española: el uso conjunto del aeropuerto, ya que los británicos y Gibraltar no han admitido que haya presencia española controlando todo lo referido a la frontera Schengen.
Este último aspecto llevará a que el aeropuerto gibraltareño quedará excluido de la legislación europea sobre aviación civil y permitirá poner en marcha toda la normativa comunitaria sobre aviación civil, que está bloqueada desde hace ocho años.
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